La censura a Romo

Análisis político Marco Salamea Córdova

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El juicio político, la censura y destitución como ministra de gobierno de María Paula Romo, por parte de la Asamblea Nacional, si bien formalmente se dio por el uso de bombas lacrimógenas caducadas y por el lanzamiento de estas al interior de algunas Universidades de Quito, en el marco de la represión a las movilizaciones de octubre de 2019, en la realidad se dio también por el supuesto involucramiento de Romo en casos de corrupción y por el interés político-electoral de organizaciones políticas que actúan en la Asamblea.

El caso de las bombas caducadas y el ataque a Universidades que funcionaron como “centros de acogida”, no serían sino dos expresiones de un uso inadecuado y desmedido de la fuerza policial durante los acontecimientos de octubre de 2019; un uso del cual darían cuenta informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de la Asamblea que investigó dichos acontecimientos. Una represión desmedida que dejó como secuela 11 muertos y más de mil civiles heridos.

Cierto es que también se dieron condenables actos de violencia por ciertos grupos de manifestantes, infiltrados o exaltados; pero esos actos tenían que ser reprimidos y sancionados de acuerdo a la ley y sin violaciones a los derechos humanos; pues el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado tiene que ser legítimo y no arbitrario, especialmente si se vive en un “Estado de derecho” y con un régimen democrático

En cuanto a las otras razones para la censura de Romo, si bien no estaban como causales del juicio político, parece que al final fueron las que más pesaron; por lo que el juicio hizo como nunca honor a su nombre: POLITICO.

Una de esas razones sería la denuncia contra la Ministra Romo, realizada por dos importantes portales periodísticos, de que sería ella la que habría negociado la entrega del manejo de hospitales públicos a asambleístas y mafias; y, otra razón sería la actitud oportunista de organizaciones como el PSC y CREO que, habiendo apoyado a Moreno y a la represión en ese mes de octubre, durante en el juicio político, y por el interés electoral de presentarse ahora como opositores al Gobierno, votaron a favor de la destitución de Romo. (O)