Carta a la Interpol

Gerardo Maldonado Zeas

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La Interpol es una especie de alcahuete de los políticos corruptos que, a lo largo de la historia de nuestros pueblos, han saqueado los fondos públicos, se fugan de sus países de origen, y con el lastimero estribillo de “persecución política”, viven tranquilos en otros lares.

Ocurrió con Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y Carlos Salinas de Goltari ex presidente de México, tristemente célebres por sus andanzas y por ser jefes de la delincuencia política más denigrante. Vivían en París, se reunían con otros políticos autoexiliados por sus trapacerías, y tomaban café comentando la desgracia de sus conciudadanos.

La Interpol cuya sede está en Lyon, no quiere implementar la difusión roja en contra de Correa, para que regrese al Ecuador a pagar sus culpas. Los amigos del Foro de Sao Paulo, emitieron una carta expresando su preocupación ante la “pretensión de ciertos gobiernos latinoamericanos de utilizar a la institución internacional en calidad de herramienta de persecución en contra de opositores políticos».

Y con esto dejaron claro, la Fernández, Lula, Dilma, Evo, Zelaya y demás insensatos, que el deseo de impunidad y el espíritu de cuerpo, son más fuertes que la ley y la justicia. En su contenido, esencialmente califican como un juicio con defectos, al del caso Sobornos 2012-2016, cuya sentencia no les gusta para nada, acostumbrados como están a que nadie les toque para cumplir con esa estrategia de saquear a los países y buscar los recovecos más inverosímiles para ponerse a buen recaudo.

La Interpol se creó para ser una organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros. Inclusive en su Misión expresa: “ayudamos a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro”. Ellos tienen la obligación de permitir el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. El Ecuador debe presionar a través de los funcionarios de Cancillería, para hacerle entender a la Interpol, que Correa es un prófugo de la justicia, con condena en firme para 8 años de prisión. (O)