Responsabilidades por levantamiento

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La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfrenta un posible enjuiciamiento político, por parte de varios legisladores, a fin de que responda por las acusaciones provenientes de dirigentes indígenas, en el sentido de que ella habría ordenado una represión desproporcionada en el pasado levantamiento de octubre del año anterior, donde, de acuerdo a esta versión, la fuerza pública utilizó presuntamente bombas de gas lacrimógeno caducadas, y una acción represiva que a consecuencia de ella, habrían fallecido varios ciudadanos.

La ministra Romo, por su parte, acusa a determinados dirigentes, no solo del sector indígena y campesino, de ser los protagonistas de los actos vandálicos cometidos, especialmente en la capital de la República, donde se secuestró en el Ágora de la Casa de la Cultura, a varios policías y periodistas, y se causó lesiones a un comunicador social. A más de ello, grupos que sembraron el caos, incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado, según Romo y la versión oficial, a fin de destruir pruebas de los actos de corrupción cometidos durante la administración correísta, atacar un canal de televisión, e intentar tomarse el Palacio Legislativo, entre otros desmanes.

Se trata de dos versiones contrapuestas sobre los tristes acontecimientos de octubre del año pasado, cuando el país, y en especial Quito, vivieron momentos de angustia y destrucción de bienes públicos, a pretexto de las protestas contra la eliminación de subsidios.

Mas allá del enjuiciamiento político a la ministra María Paula Romo, a más de un año de estos hechos, el país exige que se establezcan las debidas responsabilidades sobre los autores e instigadores del incendio del edificio de la Contraloría, los secuestros a policías y periodistas y otros delitos que causaron millonarias pérdidas, a más de un estado de zozobra ciudadana.

Si es necesario investigar actitudes, calificadas por los líderes indígenas y algunos dirigentes políticos como “exceso de represión”, pues debe hacérselo también, y esclarecer las circunstancias concretas de las muertes suscitadas en aquellos episodios luctuosos.