Recortes afectan obras en parroquias

Aseguran reducciones económicas desde el 7 hasta el 33 % en el presupuesto anual.

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Las mejoras básicas en el mercado parroquial de El Valle (Cuenca) están en riesgo por los recortes presupuestarios. La Junta Parroquial espera con ahorros propios realizar la obra. BPR

Las 61 juntas parroquiales del Azuay en problemas por recortes presupuestarios del Gobierno Nacional. Sus representantes hablan de una reprogramación de obras dejando muchos proyectos sin ejecutarse, en especial en infraestructura, programas sociales y de fomento productivo.

Los recortes van desde el 7 hasta el 33 % en el presupuesto anual, aseguró Geovanny Sarmiento, coordinador institucional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) filial Azuay, además de una entrega “irregular” de las transferencias mensuales (alícuotas) en relación a otros años por factores como el declive en la economía por la crisis sanitaria del COVID-19.

Los problemas se agravan más para aquellos gobiernos parroquiales que no les transfieren los recursos de los presupuestos participativos de parte de las municipalidades. Estos, regulados en ordenanzas.

Según Sarmiento, a excepción de las 21 juntas parroquiales de Cuenca que les transfieren los presupuestos participativos, las 40 restantes de la provincia dependen principalmente de los recursos que transfiere el Gobierno.

Realidad

La Junta Parroquial de Simón Bolívar, del cantón Gualaceo, por ejemplo, registraría un recorte de alrededor del 14 % del presupuesto anual por transferencias del Gobierno.

De los cerca de 90.000 dólares del presupuesto 2020, se recorta unos 14.000, quedando como presupuesto 76.000 dólares. Wilmer Castro, presidente de la Junta Parroquial, indicó que del total se destina el 30 % para el gasto corriente, sobrando “casi nada” de recursos para la ejecución de obras.

Para el Gobierno Parroquial de Cochapata, del cantón Nabón, el recorte llegaría a 20 %, es decir de 200.000 dólares del presupuesto 2020, se recorta 40.000 dólares.

De acuerdo con Franklin Morocho, presidente de la Junta Parroquial de Cochapata, el nuevo presupuesto bordea los 160.000 dólares, “de ahí, separamos el 30 % de gasto corriente, y el resto nos servirá para inversión (…) Ya no podemos apoyar en la adquisición de motoguadañas, además la colocación de una cubierta en la escuela del sector Belén, entre otros trabajos”.

La parroquia El Valle, del cantón Cuenca, registra el índice más alto de población rural de la provincia con alrededor de 40.000 habitantes.

La Junta Parroquial de El Valle no percibiría 174.000 dólares del presupuesto que les entrega el Gobierno -que a inicios de año- bordeó los 440.000 dólares. Su presidente, Fabián Carrión, aseguró que “no hay un decreto que diga exactamente en que se basan para calcular el porcentaje de reducción que tendría carácter retroactivo”.

Carrión aseguró que con la reducción de recursos no se podrán desarrollar obras de infraestructura como: veredas, casas comunales, costear “en algo” el salario de los maquinistas del proyecto del equipo caminero aportes para convenios interinstitucionales entre otros. Citó obras puntuales que correrían riesgo como: mejoras en el mercado y en el cementerio parroquial, entre otras. (BPR)-(I)

Esperan por transferencias

“Se nos indicó por el Gobierno que hasta fines de mes se igualarán las transferencias mensuales pendientes (…) Estamos esperando a ver qué pasará”. Fueron las palabras de Janeth Garzón, presidenta del Conagopare Azuay.

Las transferencias de los meses de julio, agosto y septiembre están pendientes, considerando que hace dos semanas se depositó las deudas hasta junio.

Según Garzón, el Gobierno adeuda alrededor de 2.500.000 de dólares a las 61 juntas parroquiales de la provincia, sin contar con los recursos por los créditos del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), devoluciones del IVA y convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Los gobiernos parroquiales efectuaron en meses atrás protestas contra el recorte presupuestario y la falta de transferencias mensuales (alícuotas). La última protesta se cumplió a fines de agosto. (I)