Agua, saneamiento y COVID-19

Andrés Martínez Moscoso @andresmartmos

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OPINIÓN|

El 2020 ha estado lleno de sorpresas, y sin duda la que más impacto ha generado es la pandemia a consecuencia del COVID-19, con importantes consecuencias económicas, sanitarias y sociales.

Si bien es cierto, hasta la fecha no existe una vacuna, las principales recomendaciones para evitar el contagio, y disminuir los casos se centra en premisas como: quédate en casa; distanciamiento social; y, lavarse las manos con jabón con frecuencia durante al menos 20 segundos.

Y, si solo nos centramos en la última, la mala noticia es que la falta de acceso al agua aumenta el riesgo de contagio.

En estas circunstancias, la pandemia ha puesto de relieve este grave problema por el que atraviesa la población, y de manera especial las personas que se encuentran en situación de pobreza y las mujeres.

En el caso de América Latina, los datos podrían ser alentadores, ya que más del 80 % de la población tiene acceso a agua segura (los problemas se presentan en sectores periurbanos y rurales), no obstante, la crisis relativa a la seguridad hídrica nos lleva a pensar que la falta de disponibilidad alrededor del mundo (África subsahariana y Sudeste Asiático) podría complicar aún más las medidas preventivas frente al COVID-19, ya que se calcula que el 40% de la población mundial no cuenta con instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón al interior de casa.

Sin embargo, esta dificultad también debe ser observada desde la perspectiva de los residuos, tanto líquidos, como los sólidos. En el primer caso, a partir de la falta de tratamiento de aguas residuales (que podrían estar contaminadas), y las cuales son utilizadas por los ciudadanos (para lavar en ríos o arroyos), mientras que el aumento de consumo de agua embotellada genera gran cantidad de plásticos PET (por sus siglas en inglés, polietileno tereftalato).

Los retos del acceso al agua y al saneamiento son enormes en un escenario post COVID-19, desde el acceso (completar el 100 % de conexiones), la asequibilidad (facturas que pueden ser cubiertas por la población, sin que medie un corte de suministro), la escasez actual y la futura vinculada a los efectos del cambio climático, así como el compromiso de mejorar las infraestructuras, lo cual tiene un gran coste económico que, pese a los problemas de liquidez, los países deberían priorizar, pues la pandemia nos ha enseñado el rol trascendental que tiene el agua en la sociedad. (O)