Movimientos y el CNE apuntan contra Pablo Celi

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Quito, 20 de noviembre 2019. Sesión de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los proyectos de Enmiendas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional Recibe a Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado para el tratamiento de los proyectos de Enmiendas Constitucionales a cargo de la comisión. 2. Tratamiento y debate del proyecto de Enmiendas Constitucionales presentado por asambleístas Ximena Peña, Elizabeth Cabezas, Wilma Andrade, Eddy Peñafiel, Franco Romero y Fernando Burbano, que cuenta con dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional No. 8-19-RC/19, de fecha 16 de octubre de 2019. Foto Fernando Sandoval / Asamblea Nacional

El pasado 22 de junio el contralor Pablo Celi advirtió con destituir a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a los vocales Esthela Acero y José Cabrera, por no haber eliminado a cuatro organizaciones políticas cuya inscripción habría sido irregular. Empero, los afectados, incluidos los movimientos, no se quedarán de brazos cruzados, han contraatacado a Celi y también exigen su destitución. Las acciones llegan incluso a un posible juicio político.

Atamaint advirtió a Celi que solicitará su destitución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si es que este los destituye primero. Lo acusará de obstruir el proceso electoral, considerada una falta grave y causal de suspensión de las funciones.

Pero antes de que se dé este cruce de ataques entre los dos organismos, dos de los cuatro movimientos acusados de presentar firmas con irregularidades para su inscripción han pedido la destitución de Celi ante el TCE. También lo acusan de intromisión en el proceso electoral.

A trámite│

El organismo judicial electoral aceptó a trámite la denuncia del Movimiento Fuerza Compromiso Social (empleado por los correístas en las dos últimas elecciones).
El viernes de la próxima semana, a las 9h30, se realizará la audiencia oral en la que tanto el contralor como Vanessa Freire, representante legal de la organización política, deberán presentar sus pruebas.


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Mientras, Edmundo Sánchez, miembro del movimiento Juntos Podemos, liderado por el exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco, también presentó una denuncia por causales similares en contra de Celi.

Pero las acciones de Juntos Podemos en contra de Celi incluso llegaron a la Defensoría del Pueblo, a la que le pidieron estar alerta ante la posibilidad de la vulneración de sus derechos.

Ayer, Carrasco presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo por no garantizar el debido proceso, vulnerar la seguridad jurídica y dejarlos en indefensión. Los jueces que analizarán el pedido son Gilda Morales, Fabián Racines y Ximena Velasteguí.

“Hemos sido honestos en nuestros procesos y estamos seguros de que esto va a primar. Las mafias políticas no pueden ganar las elecciones fuera de las urnas, hay que darle el derecho a la población a elegir”, dijo Carrasco.

Juicio político│

Las decisiones del contralor lo podrían llevar incluso a afrontar un juicio político. Juan Cristóbal Lloret, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, señaló que cuentan con las 35 firmas necesarias para iniciar el proceso contra Celi.


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“No solo está vulnerando nuestro derecho de participación, sino los derechos de los ciudadanos a elegir a un movimiento por el que el 30% quiere votar y que en los dos últimos procesos ha obtenido más de seis millones de votos, todo por el miedo que le tienen a la postulación de Rafael Correa”, puntualizó Lloret.

(ASM)-(I).

Proceso electoral no los libra│

Para el constitucionalista Ismael Quintana, los pedidos en contra de Pablo Celi, aduciendo intromisión en el proceso electoral y por arrogarse funciones del CNE, no tienen razón de ser, pues está cumpliendo con la potestad constitucional de realizar controles a las entidades del Estado.

“El creerse la mamá de Tarzán en estas épocas, porque estamos en período electoral, no le libra al CNE del ámbito de control. El contralor hizo unas recomendaciones que son obligatorias, su incumplimiento implica una multa y la destitución”, dijo Quintana.

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El experto aclaró que el contralor no se está arrogando funciones del CNE, lo cual tiene prohibido, porque no ha eliminado los movimientos, pidió que se revise su inscripción.

Además, Celi tampoco puede destituir a los vocales del CNE, sino pedir al Consejo de Participación Ciudadana, que los designó, que los destituya, solo si no acoge su pedido, vendrá la destitución directa. (I)