Fuerza, razón y derecho

Carlos Castro Riera

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OPINIÓN|

Una de las líneas de la evolución de la humanidad fue someter el interés, la necesidad, la voluntad y la fuerza de cada individuo al imperio de la razón y la ley para hacer posible la convivencia social y hacer del reconocimiento de los derechos el límite de todo poder, incluido el poder político.

Así la política y el poder político quedan disciplinados por el derecho para lo cual las normas jurídicas deben expresar el interés del conjunto social y no de grupos oligárquicos, por lo que el monopolio exclusivo de la fuerza del Estado de Derecho debe ser usado para garantizar los derechos humanos y no la discriminación social, los privilegios, la corrupción y el ejercicio arbitrario del poder que incumple el mandato popular conferido en la Constitución.

En consecuencia el uso de la fuerza en el Estado de Derecho está condicionado a su ejercicio moral, ético, legítimo y en el marco de la Constitución y más normas del ordenamiento jurídico, lo que implica que la fuerza, en caso de necesidad, debe ser empleada para defender los derechos, la soberanía nacional, la unidad nacional en la diversidad, la ética laica, el patrimonio natural y cultural, la cultura de paz, el desarrollo solidario para todos y la democracia, que son precisamente deberes primordiales de un Estado.

Estos conceptos están consagrados en la Constitución y en tal virtud manda que las FFAA y la Policía Nacional son instituciones para proteger los derechos y garantías de los ciudadanos, siendo la misión fundamental de las FFAA la defensa de la soberanía y la integridad territorial y de la Policía Nacional la protección interna y el mantenimiento del orden público.

Cuando se habla de derechos éstos no pueden vaciarse de su contenido o sustancia y sobre todo saber que son a la vez límites del ejercicio del poder y obligaciones que tiene el poder de su realización.

En este contexto y como ordena la Constitución toda normatividad relacionada con la regulación de derechos y garantías tiene que ser expedida bajo la forma de una ley orgánica, tanto más cuando está en juego el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, como son las normas vinculadas al uso de la fuerza que puede llegar a la utilización de armas de fuego que pueden causar daños irreparables. (O)