Crean una “fuerza” para combatir la corrupción durante la época de la COVID-19

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La investigación en la capital ecuatoriana se suma a otras que adelanta la Fiscalía en distintos sectores del país, en diferentes casos surgidos a raíz de compras de insumos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. EFE/Mauricio Torres/Archivo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este lunes de la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria para combatir actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En un comunicado indicó que la conformación de la fuerza responde a los “casos de corrupción denunciados en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país“, y que estará coordinada y dirigida por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.



Su labor será a escala nacional y buscará conocer los casos derivados de actuaciones corruptas en la situación de excepción por la pandemia del coronavirus SAS-CoV-2 y hasta que esta concluya.

Estará conformada por tres fiscales de la mencionada unidad, cinco de la Unidad de Lavado de Activos, cuatro fiscales provinciales, 24 de apoyo, uno por cada provincia del país, y todos ellos con sus respectivos equipos especializados.



También la integrarán un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad de la Policía Nacional, compuesta por profesionales con perfiles especializados.

“La FGE reitera a la sociedad ecuatoriana su compromiso de seguir luchando contra la corrupción, con transparencia y efectividad, para no permitir la impunidad”, reza el documento.

Entre los casos más recientes y sonados de corrupción en plena pandemia, la Fiscalía de la provincia andina de Pichincha realizó cinco allanamientos como parte de una investigación previa ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 por la Secretaría Metropolitana de Salud del Municipio de Quito.

El órgano fiscal también allanó la semana pasada la Prefectura de la provincia costera de Guayas y su empresa proveedora por el presunto delito de peculado en compras de insumos médicos, como pruebas rápidas para exámenes de detección del coronavirus.

A la Fiscalía de Guayas también llegaron denuncias en abril pasado sobre el supuesto cobro a familiares de víctimas mortales por la identificación de sus seres queridos en morgues y contenedores de cadáveres móviles en hospitales de esa ciudad.