Justicia lenta

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Uno de los reclamos más constantes de la ciudadanía es sobre la lentitud de nuestra administración de justicia. Esa lentitud a veces se achaca a la aglomeración de causas, otras a algunos jueces y más frecuentemente por recursos que presentan los abogados para diferir audiencias y trámites. Como consecuencia, los juicios duran más de lo que deberían y la justicia tarda en llegar y en algunos casos cuando ya es difícil hacerlas cumplir. En los últimos escándalos de sobornos del anterior gobierno hay ecuatorianos sentenciados y presos en Estados Unidos. En cambio, en nuestro país- que es el afectado- porque se robaron millones de dólares, los procesos siguen alargándose.
En días pasados se presentaron nuevas dilaciones en casos, como el de Sobornos que involucra a altos funcionarios del régimen correísta y entre ellos al propio expresidente. El cambio de fecha se dio esta vez porque el exministro Walter Solís- según informó el Tribunal- alegó que su abogado estaba enfermo. El empresario Ramiro Galarza, por su parte alegó que su defensor había viajado por estudios a Argentina y que consecuentemente no podía asistir a la audiencia. También en otro caso- el que se sigue al cura Tuárez, expresidente del CPCCS- se suspendió la audiencia a causa de una llamada telefónica que amenazaba con hacer estallar una bomba.
Las normas vigentes contemplan desgraciadamente recursos que permiten prolongar las causas a veces en forma descarada. Otras veces la dilación se produce como secuela de actos mafiosos, como aquel de hacer llamadas telefónicas amenazando con la explosión de bombas. En los dos casos quien pierde es la administración de justicia y la ciudadanía que eleva su clamor para que se sanciones a los culpables de delitos. Es hora de que se tomen medidas correctivas a través de reformas que impidan que la lentitud sea la norma o que cualquier recurso mafioso impida hacer justicia.