Cierre de emisora agita el debate de la libertad de expresión en el país

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La retirada de frecuencia a una emisora pública de oposición en Ecuador, que había sido acusada de instigación en la ola de disturbios del pasado octubre, ha provocado críticas en círculos correístas y preocupación de defensores de la libertad de prensa y del relator especial de la CIDH, Edison Lanza.

El caso atañe a la emisora pública Radio Pichincha Universal, dependiente de la Prefectura donde se ubica la capital, Quito, y que desde 2019 está en manos de Paola Pabón, una política adepta al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).

El jueves, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, notificó a la emisora la “extinción del título habilitante del servicio de radiodifusión sonora” y ordenó que se proceda al nombramiento de un “interventor”.

La decisión se sustenta en un intento anterior de inhabilitación por violación de un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que alude a infracciones como “la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional”, entre otras.

Una infracción que supuestamente cometió el medio, bajo la dirección del periodista abiertamente crítico con el Gobierno Orlando Pérez, durante los disturbios que vivió el país en octubre de 2019.

En ese contexto el programa radial de esa emisora, “La Oreja”, presuntamente instigó -según Arcotel- a “la paralización de servicios públicos”.

En ese momento, cuando miles de indígenas, sindicalistas y opositores tenían tomadas las calles de Quito, el Gobierno ordenó la suspensión de emisiones y allanó la sede de la emisora, aunque a finales de ese mes una medida cautelar la devolvió al aire.

Su cierre, ahora, ha sido calificado por Pabón y su entorno como “un atropello a los derechos de la libertad de expresión y opinión”.

“Interpondremos una acción de protección con petición de medidas cautelares e informaremos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aseguró la prefecta, quien estuvo detenida 71 días -entre el 14 de octubre y el 24 de diciembre- por supuesta instigación de las movilizaciones populares y rebelión, junto a otros dos partidarios de Correa.

Las quejas han sido airadas en todo el espectro correísta, que paradójicamente en esta ocasión claman por que Moreno cumpla con su compromiso de preservar la libertad de expresión y opinión.

El mandatario prometió a los medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de prensa que revertía las políticas seguidas por su antecesor, contenidas en una polémica Ley de Comunicación (LOC) de 2013 que era considerada una “mordaza” a la libertad de expresión.

En febrero de 2019, con apoyo de organizaciones y relatores internacionales, Moreno cumplió su promesa y reformó la LOC, si bien no con todo el alcance que le exigían gremios periodísticos.

Hoy, tras conocer el caso de Radio Pichincha, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que alentó esas reformas, advirtió al Gobierno contra el cierre de la emisora.

“Fundamedios rechaza el cierre de un medio de comunicación pues considera que así se limita el espacio democrático y se restringe la libertad de expresión. Fiel a sus principios y a su posición histórica, la organización pide a las autoridades que, de manera urgente, reviertan la resolución que afecta a esta emisora pública”, sostuvo en un comunicado.

En unas declaraciones a Efe, su director César Ricaurte, reiteró su “condena sin matices al cierre de Radio Pichincha Universal, y menos aún citando medidas o legislación derivada de una supuesta afectación a la seguridad”.

“Eso no es propio de un Gobierno que se pretende democrático y que respeta plenamente las libertades”, insistió sin “avalar las acciones, opiniones y comentarios” vertidas en esa emisora.

Hizo notar que se trata “de un medio público” y que en este caso “es el Estado tomando medidas contra otro órgano del Estado”.

A las críticas también se ha sumado el relator especial de la CIDH para Libertad de Expresión, el uruguayo Edison Lanza.

“La revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad. Seguimos con preocupación la resolución de Arcotel respecto a Pichincha Universal. Hemos recibido información del Estado Ecuador. La Relatoría analiza los fundamentos. Solicitamos mantener medidas protección judicial”, escribió Lanza redes sociales.

Por el momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre la decisión de la entidad reguladora o sobre las incesantes críticas que ha generado la resolución, sobre todo de parte de periodistas que ven en el cierre de la emisora un nuevo “retroceso” tras la reforma de la LOC. EFE