Segunda petición de consulta

Carlos Castro Riera

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El Prefecto del Azuay, algunos alcaldes, presidentes de GAD parroquiales, directivos de juntas y sistemas comunitarios de agua, y dirigentes populares, presentaron ante la Corte Constitucional, para su dictamen, lo que sería una segunda petición de consulta popular provincial de iniciativa ciudadana, tendiente a que el pueblo azuayo se pronuncie sobre la prohibición de actividades de minería metálica de toda escala, en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay, y que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad a esta Consulta Popular en las mismas zonas.
La Corte Constitucional a partir de la solicitud de consultas populares presentadas con anterioridad, ha sentado importantes precedentes jurisprudenciales de control de constitucionalidad relacionados con la procedencia de consultas locales sobre los recursos naturales no renovables, la coherencia y pertinencia de los considerandos y la forma y contenido de las preguntas.
Revisado el texto de la consulta, se constata que los considerandos no inducen la respuesta, existe concordancia entre los considerandos y el ordenamiento jurídico, relación causal entre las finalidades de los considerandos y las preguntas, el lenguaje empleado es neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible, Las preguntas se refieren a una sola cuestión, la propuesta no esté encaminada a beneficiar un proyecto político específico, tiene efectos y modificaciones al sistema jurídico y se enmarca en la letra y espíritu del Régimen de Desarrollo establecido en la Constitución.
Esperemos que la Corte Constitucional expida dictamen favorable de control de constitucionalidad y de acuerdo también a los precedentes jurisprudenciales, si tiene que hacer modulaciones y ajustes, que lo haga, bien entendido que, de conformidad con la Constitución, y como lo ha reiterado la misma Corte, los derechos hay que interpretarlos en la forma que más favorezca su efectiva vigencia.
Somos los azuayos quienes debemos pronunciarnos sobre nuestro destino y no los ex funcionarios de las empresas mineras enquistados en el Estado. Hablan de democracia, practíquenla. (O)