Informe sobre violencia

242

La Comisión Especial conformada en la Función Legislativa para analizar los hechos de violencia que se suscitaron el pasado mes de octubre, con motivo de las movilizaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, presentó el respectivo informe, a ser analizado por el Pleno de la Asamblea.

En el citado informe, se destaca que hubo “violencia organizada” es decir diferente a la que puede suscitarse espontáneamente en el transcurso de una manifestación. Por lo tanto, la Comisión investigadora reconoce que hubo cierto grado de planificación en los hechos violentos registrados con motivo del paro, algunos tan graves como el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado, intento de toma de un cuartel militar por parte de grupos de manifestantes, suspensión del servicio de agua potable por varios días, en la ciudad de Ambato, y la toma de instalaciones petroleras en la Amazonía, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, para algunos observadores y analistas, a la Comisión multipartidista de la Asamblea, le faltó señalar claramente el probable origen de esta violencia planificada, ya que se supone que si reconoció que esta fue de antemano preparada, no es lógico que se haya evitado precisar el origen de estos hechos violentos, que a más de causar conmoción en el país, fueron claramente desestabilizadores. Es posible que, al estar integrada la citada Comisión por representantes de diversas bancadas, incluida la de “Revolución Ciudadana”, acusada por diversos sectores políticos de ser la instigadora de los hechos violentos, se haya abstenido de precisar el origen de la violencia.

Sin embargo, la Comisión en referencia ha quedado en deuda con la Función Legislativa, y particularmente con la ciudadanía ecuatoriana, que fue la víctima inerme de las vandálicas acciones registradas a pretexto del paro y las movilizaciones. La Comisión también apunta los excesos de la Fuerza Pública en la represión de las protestas, algo por supuesto condenable y que debe ser judicializado, al igual que las responsabilidades en los hechos violentos de las protestas.