La Fiscalía descarta acusar a la exlegisladora Sofía Espín, cercana a Rafael Correa

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La exlegisladora Sofía Espín en un proceso de indagación fiscal en el que ha sido implicado el expresidente Rafael Correa, al que es afín

La Fiscalía General del Estado ecuatoriano descartó este jueves emitir un dictamen acusatorio contra la exlegisladora Sofía Espín en un proceso de indagación fiscal en el que ha sido implicado el expresidente Rafael Correa, al que es afín.

La fiscal general Diana Salazar explicó en un comunicado que su dictamen abstentivo respondió a que, “a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.

La Fiscalía envió hoy al juez nacional Iván Saquicela la resolución relativa a Espín, así como también a la abogada Yadira Cadena contra la que también se abstuvo de acusar en la misma causa.

Ambas figuran dentro de la instrucción fiscal que investigaba el presunto delito de fraude procesal en el grado de tentativa.

Las sospechosas habían sido señaladas por haber tratado presuntamente de persuadir a una testigo de cargo del caso del secuestro del político opositor Fernando Balda, a fin de que no acusara al expresidente.

Pero la fiscal general del Estado descartó que los hechos fueran constitutivos de delito del tipo penal de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su dictamen, Salazar agregó que la visita de las procesadas a la entonces detenida y testigo Diana Falcón en un centro de detención el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.

La formulación de cargos contra Espín tuvo lugar bajo la gestión de la anterior fiscal general interina, Ruth Palacios.

Espín, que siempre se declaró inocente del delito del que la acusaban, aprovechó que no se solicitaron medidas cautelares contra ella para salir del país y refugiarse en un primer momento en Bolivia, acusando a los órganos judiciales de persecución política por pertenecer a las filas correístas.

Fuentes allegadas a Espín, que fue destituida como asambleísta por la Asamblea Nacional (Parlamento) en noviembre de 2018, aseguraron a Efe que en la actualidad se encontraría en otro país, al que se habría desplazado a raíz de las recientes movilizaciones en Bolivia.

Al justificar su decisión, Salazar adujo que “la Fiscalía General del Estado rige todas sus actuaciones a la luz de la verdad procesal, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.

“Hemos sido enfáticos en esto y lo demostramos con hechos: Fiscalía no persigue personas sino delitos”, aseguró.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rechazó hoy cualquier posibilidad de que Espín pueda ser restituida en el cargo. EFE