Veinte años

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Se iniciaba el último mes del último año del primer milenio y la UNESCO formalizó el reconocimiento de nuestra ciudad como patrimonio cultural de la humanidad. Quito en 1978 fue la primera del mundo en recibir este honor. La satisfacción de los cuencanos fue enorme por esta distinción. Han transcurrido veinte años y vale la pena pensar en cómo se ha actuado ante este reconocimiento que se circunscribió oficialmente al centro histórico. Hay que tener presente que esta condición, más allá del honor y regocijo, conlleva una serie de deberes y obligaciones para los sectores públicos y privados que implican limitaciones en el uso de los bienes muebles de esta área de la ciudad.
La preservación de la tradición de la arquitectura y el ordenamiento de la ciudad fue la motivación fundamental, lo que obliga a mantenerla. Hay edificaciones públicas de carácter religioso como templos y monasterios que han superado la codicia económica de “constructores” por su rentabilidad. En muchos casos son viviendas particulares cuyos propietarios tienen limitados recursos para su mantenimiento y amenazan destrucción. Si se trata de un reconocimiento global es importante que el sector público, sobre todo la municipalidad, asuma obligaciones para que se mantenga la condición patrimonial. Es innegable el control del uso de estas edificaciones, pero en determinados casos se requiere la intervención.
Creemos que la acción municipal ha sido razonable y que un buen número de particulares han actuado positivamente en el uso de las edificaciones, como la dedicación a hostales que dinamizan la ciudad. La preservación del adoquinado tradicional fue acertada, pese a argumentos “técnicos” de quienes querían recurrir al asfalto. Hay que regularizar el tránsito vehicular ya que a un espacio urbano que tiene estas condiciones hay que conocerlo y apreciarlo caminando. Veinte años es un tiempo oportuno para este análisis y para poner en marcha políticas nuevas en este aspecto.