Lección no aprendida

Carlos Castro Riera

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Nuevamente el gobierno nacional propone, en esta vez para el año 2020, la “monetización de activos”, concretamente del Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la central hidroeléctrica Sopladora. La monetización de activos es convertir un activo en dinero. La primera idea que le vendrá al lector es que aquello se puede conseguir vendiendo el activo
La Constitución no habla de monetización de activos, sino establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos para cuyo efecto el Estado debe constituir empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, los servicios públicos, los recursos naturales y bienes públicos. A lo sumo permite al Estado delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria sujetándose a la ley, y excepcionalmente se puede delegar a la iniciativa privada el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca también la ley. No mediante decreto, sino ley.
La monetización de activos consta en el presupuesto del 2020 como ingreso permanente, cuando en el supuesto de que llegue a efectivizarse, el monto que ingrese es por una sola vez.
Pero esa monetización de activos es para obtener fondos para solventar parcialmente la crisis fiscal, con lo que los dólares que ingresen se hará dinero de bolsillo, gasto corriente, se esfumaría. Parece que el sentido común aconsejaría renegociar la deuda y mantener los activos que están inmersos en negocios en marcha.
Además, esta monetización de activos, que en el fondo es una privatización que prohíbe la Constitución, en el último año de un gobierno, es una operación financiera que huele por lo menos feo, peor cuando un monetizador se dedica a desprestigiar el activo a monetizar.
Pero al margen de cómo se perciba en el olfato ciudadano, estas medidas se enmarcan en la ruta neoliberal, cuyo modelo en América Latina ha traído consecuencias nefastas provocan la ira social que es recogida electoralmente por aquellos líderes o fuerzas políticas involucradas en la corrupción más escandalosa y cuyo regreso al poder les permite quedar en la impunidad. La lección no ha sido aprendida. (O)