Diálogo estancado

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Un mes después de las violentas movilizaciones de octubre ocho, el diálogo que se anunció para poner fin a esas protestas no ha avanzado prácticamente nada entre el régimen y los líderes y asesores de dichos movimientos. Cada una de las dos partes alega que falta voluntad de la otra parte. El gobierno a través de sus voceros ha señalado que los dirigentes y asesores de la CONAIE no están dispuestos a conversar. Los movimientos indígenas por su parte han dicho que la represión contra ellos no ha parado y que en ese contexto no es posible dialogar.
El tema de fondo de las movilizaciones fue el Decreto 883 que suprimía los subsidios a los combustibles y buscaba recaudar alrededor de un mil quinientos millones de dólares para la caja fiscal. Era de suponer que el punto básico sobre el que los diálogos girarían era la elaboración de un nuevo decreto que iba a contemplar la focalización de esos subsidios. Había un acuerdo en que no favorecen a los más pobres sino más bien favorecen a los que más dinero tienen y a los contrabandistas de combustibles que en buena parte venden el producto en las fronteras para destinarlos a la elaboración de drogas.
Buscar un decreto que evite esa distorsión sin afectar a los sectores populares era la obligación de las dos partes. En su lugar los dirigentes indígenas optaron por presentar un programa económico que contempla una amplia gama de elementos. Exigen además que se ponga en vigencia y amenazan con otras movilizaciones si el país no acepta esa imposición. Uno de los graves males que tienen nuestros países es la crónica imposibilidad de dialogar para llegar a grandes acuerdos. La zancadilla, el chantaje, el uso de la fuerza bruta, son recursos que se usan constantemente para imponer puntos de vista. Quien pierde por esas actitudes es el país. No el gobierno ni los dirigentes indígenas y sus asesores.