En trámite ordenanza que sanciona el consumo de licor en espacios públicos

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En la Terminal Interparroquial y los alrededores del barrio Cañerico existen problemas por consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Los ediles esperan que el alcalde Romel Sarmiento convoque a sesión para tratar la normativa en segunda instancia.

Sanciones que van desde labor comunitaria hasta fuertes multas económicas establece la ordenanza de control del expendio y ocupación de los bienes de uso público para consumo de bebidas alcohólicas, además de la regulación del funcionamiento de los locales que las comercializan. Dicha ordenanza se tratará por el Concejo Cantonal de Azogues en segundo y definitivo debate en los próximos días.

El anuncio lo hizo el concejal Carlos Palacios, uno de los propulsores de la ordenanza conjuntamente con los ediles Javier Serrano y Rolando Ruiz. La normativa se aprobó días atrás en primera instancia unificando las propuestas de los tres concejales con el objetivo de frenar la venta y consumo de licor en calles, avenidas, parques, orillas del río y más espacios públicos.

Palacios explicó que entre las sanciones se dividen según los infractores, es así como para los proveedores de licor en espacios públicos la sanción será de cuatro fines de semana de labor comunitaria y una multa de un salario básico unificado (394 dólares).

Para, quienes consuman bebidas alcohólicas en espacios públicos será de dos fines de semana de labor comunitaria y el 50% del salario básico (197 dólares), y por ser reincidentes será el 100% del salario básico. En caso de que los sancionados no cuenten con recursos económicos (enfermos alcohólicos) se los derivará a la Dirección de Desarrollo Social Municipal que tratará sus casos con las actividades pertinentes.

Cuando se encuentren a menores de edad, se pondrá en conocimiento de la Dinapen para que actúe de acuerdo con los procedimientos señalados en la ley con los padres de familia. Además, los horarios de funcionamiento para los locales serán los mismos que establece actualmente el Ministerio del Interior.

Comentó que la ordenanza también establece convenios con organismos de control como Intendencia, Comisaría y Policía Nacional que se lo hará en una plazo de máximo 30 días a partir de la promulgación de la normativa. Recalcó que las citaciones serán de responsabilidad de los funcionarios municipales.

Ciudadanía

José Guamán, vecino del barrio Cañerico, expresó que a pesar de los controles del Municipio existe gran presencia de libadores en la zona durante todos los días y en diferentes horarios generando inseguridad. Indicó que espera con dicha ordenanza se termine este problema de varios años.

De su lado, Pedro Pesántez, taxista del sector del hospital Homero Castanier Crespo, mencionó que la aprobación inmediata de la ordenanza sería lo más conveniente para evitar la presencia de libadores en las orillas del Burgay. Reiteró que este problema se presenta casi todos los días. (BPR)-(I)