El asalto a la contraloría

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Nuevos indicios acaban de ser presentados por la Fiscal General en torno a los ataques que se dieron a Contraloría en el contexto de la movilización de los pueblos indígenas el pasado mes de octubre. Entre esas pruebas exhibidas por la Fiscal constan los mensajes enviados a través de teléfonos celulares incautados a algunos de los detenidos en los hechos. El grupo autodenominado “Libertador” que era el encargado de coordinar la toma de la Contraloría y destruir determinados documentos inculpatorios, llamaba Casa Blanca al objetivo y daba instrucciones claras de cómo proceder. Entre esas instrucciones consta el que los atacantes no se dejen ver los rostros y que en caso de ser detenidos, destruyan los celulares para borrar pruebas.
De lo que hasta ahora se conoce, el asalto a las oficinas de la Contraloría no fue ni lejanamente un hecho casual que se dio al calor de las manifestaciones. Todo hace pensar y cada día las pruebas son más claras, que se trató de un hecho bien planificado. Las manifestaciones indígenas llegaron a un clímax el 12 de octubre, fecha que tiene un particular significado. Aprovechando esa violencia, el grupo “Libertador” ingresó con mucho conocimiento de causa a destruir los documentos que reposaban en un piso específico del edificio.
Si el ataque fue planificado detalladamente- como parecen demostrar los hechos-cabe preguntarse a quién le convenía la destrucción de pruebas documentales sobre hechos de corrupción y otros causas que allí se indagan. La justicia es la que deberá seguir con esas investigaciones pues el país requiere saber con certeza lo que ocurrió y sobre todo quiénes fueron los autores intelectuales. Los delincuentes que saquearon esa dependencia son gente pagada como buena parte de quienes ejercieron actos de violencia en esos trágicos días. Sin embargo la investigación no puede terminar sancionando solamente a ellos. Es fundamental saber quiénes fueron los autores intelectuales.