Los megaproyectos y el derecho humano al agua

Andrés Martínez Moscoso @andresmartmos

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El 74 período de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no solo fue la oportunidad para la renovación de su presidente (Tijjani Muhammad-Bande), sino para que el Relator Especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento presente su informe relativo a los impactos de los megaproyectos en estos dos importantes derechos, ya que estos representan cerca del 8% del PIB mundial.

Entre los principales diagnósticos del Relator, se encuentra la deficiencia del marco regulatorio vigente, los conflictos sociales y la criminalización en contra de los defensores de los derechos humanos, entre otros.

El Informe utiliza las 5 variables del contenido del derecho humano al agua y saneamiento, con el propósito de verificar su impacto:

a)disponibilidad.- se debe prioriza el agua para consumo doméstico, y en caso que el agua se desvíe para megaproyectos, esta debe tener alternativas de acceso que respeten los valores culturales de las comunidades; b) accesibilidad.- se debe evitar conflictos relativos a falta de accesibilidad física a fuentes de agua (secar temporalmente ríos para construcción de presas); c) calidad y seguridad.- los residuos que salen de los megaproyectos repercuten en la calidad del agua, por lo que se deben evitar medidas para evitar la contaminación de los recursos hídricos; d) asequibilidad.- el desarrollo de megaproyectos puede acarrear efectos secundarios en la accesibilidad, disponibilidad y calidad, con lo cual el agua no es asequible (un mina, obligó a los residentes a usar pozo, pero al estar contaminados, tuvieron que acceder a agua embotellado, siendo muy costoso); y, e) aceptabilidad.

El Informe identifica 7 etapas del ciclo de proyectos (macroplanificación; concesión, licencia o autorización; planificación y concepción; construcción; funcionamiento a corto plazo; funcionamiento a largo plazo; desmantelamiento y gestión de desastres) las cuales pueden tener una incidencia en la garantía de los derechos del agua y saneamiento, a las cuales el Relator detalla algunas sugerencias para evitar que esto suceda.

Un documento de este tipo puede contribuye al debate técnico y aporta soluciones que pueden ser utilizadas desde la administración de justicia hasta el establecimiento de las políticas públicas. (O)