Protestas y violencia

Análisis político Marco Salamea Córdova

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La paralización que ha vivido el país, desde hace varios días, como reacción a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno, particularmente el alza en el precio de los combustibles, denota la crisis de la democracia como mecanismo para el ejercicio del poder y para procesar los conflictos.
En efecto, la crisis y conflictividad social desatada se origina en la adopción de medidas económicas que, por los graves costos sociales que algunas de ellas generarán, no debían ser impuestas sino dialogadas y acordadas democráticamente, sobre todo con los sectores sociales que inevitablemente van a recibir el peso mayor del encarecimiento de los precios precios de todos los bienes y servicios. Aún más, la vía democrática era necesaria debido a que la propia legitimidad social del Presidente Moreno ha caído significativamente, y cuando de manera reiterada éste ha hablado de estar “abierto al diálogo”, de ser el “Gobierno de todos”, etc. etc.
Al no proceder de esta manera se producen las protestas sociales y, nuevamente, el Gobierno comete el error de pretender enfrentarlas con la represión y la declaratoria del “estado de excepción”, situación que en vez de aminorar dichas protestas terminarían más bien acrecentándolas y provocando un círculo de más convulsión e inusitada violencia.
Si bien junto a las protestas pacíficas ha habido también actos reprochables de violencia por parte de ciertos protestantes (infiltrados e interesados), la violencia de la fuerza pública (particularmente la policial) ha devenido, en varios casos, en una represión que ha ido mucho más allá de lo permitido por el marco legal y un régimen auténticamente democrático.
El uso progresivo de la fuerza es un rol específico de la institución armada de un Estado, para cuidar el orden y garantizar la seguridad de las personas; pero ese uso tiene que ser legítimo, es decir, basado en lo que dice la ley; caso contrario deviene en un uso ilegal y pon ende en un delito. De forma que cuando se usa la violencia contra protestas que son pacíficas, o se reprime a personas que cometen delitos cometiendo también delitos, ya no se esta ejerciendo una autoridad legítima sino arbitraria, con lo cual el Estado ya no es democrático sino autoritario o dictatorial. (O)