Se suspendió la audiencia de casación solicitada por el exvicepresidente Jorge Glas

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El tribunal de casación integrado por los jueces Daniella Camacho (c), Iván Saquicela (d) y Wilman Terán (i) participa en la audiencia de casación solicitada por el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de seis años de cárcel por asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht, ayer lunes en la Corte Nacional de Justicia. EFE/José Jácome

La audiencia de casación solicitada por el exvicepresidente Jorge Glas fue suspendida hasta nuevo aviso, luego de seis horas de debate, con el fin de permitir el estudio de los argumentos presentados por sus abogados.

Así lo notificó la jueza del Tribunal de Casación, Daniella Camacho, quien suspendió la diligencia para analizar los elementos de juicio presentados por los abogados del exvicepresidente y de otros cinco implicados en una de las tramas de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Los primeros en presentar argumentos fueron los seis accionantes, quienes consideran que se vulneraron sus derechos y pidieron la anulación de las penas de cárcel a las que fueron condenados a finales de 2017, seis años en el caso de Glas.

El abogado defensor del exvicepresidente, Eduardo Franco Loor, pidió en ese sentido que “se ratifique la inocencia de Glas” argumentando que fue sentenciado en base a un Código Penal anterior a 2014.

También habló del principio de “favorabilidad” que señala el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado ese año y que establece, dijo, una pena de entre 3 y 5 años por los delitos de asociación ilícita más agravantes.

Franco señaló en rueda de prensa que, de concederse el recurso de casación, Glas, encarcelado en la prisión de Latacunga, unos cien kilómetros al sur de Quito, “deberá salir inmediatamente en libertad”.

Además del exvicepresidente, la audiencia de casación fue solicitada por su tío Ricardo Rivera, dos empresarios y dos exfuncionarios públicos.

Todos ellos fueron condenados por un delito de asociación ilícita en una de las ramificaciones de la trama de sobornos que la firma brasileña desarrolló en Ecuador y que costaron la vicepresidencia a Glas, elegido unos meses antes en binomio con el presidente Lenín Moreno.

La representante del Estado Paulina Garcés estuvo a cargo de responder a las alegaciones, argumentando que ninguna de las supuestas violaciones de derechos tienen fundamento jurídico.

Garcés calificó de “improcedentes” las comparecencias de los acusados y advirtió que, en todo caso, Glas vería agravada su condena si se hubiera aplicado el Código Orgánico Integral Penal (COIP) al que alude su abogado, porque según este la existencia de “agravantes” supondría un incremento en la sanción.

“Ahí sí hay un fallo en la aplicación del derecho”, indicó la fiscal.

Para Franco Loor, se trata de un reconocimiento del Estado de que su cliente fue condenado con una ley derogada lo que “significa que se reconoció que se violó el debido proceso y, por tanto, la sentencia es inválida y nula”.

El Tribunal de Casación está integrado por Camacho, que actúa de ponente, y los jueces Iván Saquicela y Wilman Terán.

Al aplazar la audiencia, Camacho adujo que estudiará los elementos que han sido presentados a lo largo de la jornada de este lunes y convocará una nueva audiencia para dar a conocer el resultado de la decisión judicial.

Según los datos presentados durante el proceso judicial hace casi dos años, Glas pudo beneficiarse de 13,5 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de cinco contratos de obra entre 2012 y 2016, cuando era responsable de sectores estratégicos bajo el Ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

En el caso de Ecuador, dicho informe señala que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por valor de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares. EFE