Dictamen corte constitucional

Carlos Castro Riera

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A pesar de que la Corte Constitucional no dio paso a la consulta popular planteada por el Prefecto Provincial del Azuay, sin embargo, fue derrotada la tesis del Gobierno, la Cámara de Minería, el Comité Empresarial y las transnacionales mineras que sostenían la inconstitucionalidad de consultas locales sobre temas nacionales, en este caso sobre yacimientos minerales, que son recursos naturales no renovables e integran los sectores estratégicos.
En efecto, la Corte ha señalado que siendo la consulta popular un ejercicio del derecho constitucional de participación, no existe norma constitucional que prohíba que la ciudadanía pueda plantear como asunto de consulta popular temas relacionados con la explotación de recursos naturales no renovables y específicamente la minería, y que por el contrario no solo el sistema democrático, sino el régimen de desarrollo que establece la Constitución, incluye expresamente la participación ciudadana como un derecho en sí mismo y como una garantía de los demás derechos, en especial, el derecho al agua, a un ambiente sano, a la salud y los derechos de la naturaleza.
Dice la Corte, “En definitiva, y como una especificación del derecho general de los ciudadanos a ser consultados, la Constitución establece como una obligación estatal, diversos tipos de consultas, cada una con sus propios requisitos, procedimientos y efectos, a comunidades locales, potencial o efectivamente afectadas por la explotación de recursos naturales no renovables. Estos tipos distintos de consulta local coexisten entre sí y con la consulta popular establecida en el artículo 104 de la Constitución, no existiendo en principio ninguna disposición jurídico-constitucional orientada a prohibir consultas populares, de forma total o absoluta, sobre actividades mineras. En conclusión, las competencias exclusivas del Estado central en relación a estos recursos no pueden ser entendidas como excluyentes del deber estatal de consultar y del derecho de los ciudadanos a ser consultados, como la propia Constitución lo expresa reiteradamente”.
Por lo demás, la Corte precisó los requisitos para proponer una consulta popular. Se ha dado una batalla y ahora corresponde a las organizaciones ciudadanas defender el agua para Cuenca. (O)