¿Quién nombra autoridades?

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Las propuestas sobre el Consejo de Participación Ciudadana, están presentadas y aún cuando coinciden en que ese organismo tiene serios defectos, los caminos son distintos. La primera propuesta- con el visto bueno de la Corte Constitucional- plantea una Reforma parcial de la Constitución, para que desaparezca el Consejo Adicionalmente, esta iniciativa que arrancó con Julio Cesar Trujillo, plantea regresar a un sistema bicameral. La segunda propuesta-de un amplio grupos de legisladores- plantea, no la supresión del Consejo, sino la limitación de sus funciones, restándole la capacidad de nombrar autoridades.
El tema de fondo en la creación hace varios años del Consejo de Participación, fue quién debe nombrar a las altas autoridades especialmente de control. Y, hoy el centro del debate sigue siendo el mismo. En Montecristi por alzada de manos se resolvió que sea el mencionado Consejo quien los nombre. El problema radicó en que el Consejo fue nombrado por el presidente de la república con la idea clara de que los integrantes de ese organismo nombrarán como autoridades de control a gente sumisa al régimen, de manera que dependan del ejecutivo. Los resultados están a la vista: Contralores, Fiscales, Tribunales Electorales de bolsillo, que hicieron lo que el ejecutivo mandaba.
Se ha dicho en estos días que cualquiera de las dos propuestas lleva al mismo fin que es hacer que las autoridades de control sean nombradas por el legislativo. Pero no solamente es eso. El Consejo- de disminuirse sus atribuciones- quedaría para luchar contra la corrupción, función que jamás cumplió en el correato- y que tampoco debería corresponderle, porque para eso hay organismos específicos que fiscalizan, controlan, investigan y sancionan. El sistema propuesto por la Asamblea puede ser más expedito, pero deja en pie un Consejo que nada tiene que hacer.