Crisis de gobernabilidad

Alberto Ordóñez Ortiz

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El país sufre una crisis de gobernabilidad sin precedentes. La economía es un punzante sobresalto que no se detiene: la permanente elevación del costo de los alimentos de primera necesidad hacen imposible que la canasta familiar sea llenada. El Estado incumple con su papel de regulador y parecería que, hay un velado interés en proteger a sus aliados: los seductores mercaderes de ilusiones.

En el ámbito educativo, el Presidente en acto de prosaísmo insensato, propone en mitad de ruidosos bombos y platillos -en un golpe engatusador de masas- que no se alcen las pensiones de escuelas y colegios, no obstante que las mismas ya se habían incrementado y su baja resulta una fantasía. Se privilegian las concesiones. Las principales instituciones renteras han sido concesionadas a poderosas empresas caracterizadas por sus voraces apetitos; y, todo, con la aceptación del señor Cuesta, asesor económico de la Presidencia. Surge la inevitable pregunta: ¿Cuánto le cuesta al país el señor Cuesta?. ¿Cuánto…?

En lo que concierne a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, facultad privativa -por mandato constitucional- del Consejo de la Judicatura, ha sido delegada -siendo indelegable- a una simple comisión, creando así posibles nulidades. Desconsuela que el organismo que debe respetar la institucionalidad jurídica sea el autor del triste episodio. El despido de servidores públicos es una infausta constante, sin embargo se estaría creando un inflado ente burocrático: El de los “jueces anticorrupción”, leguleyada que excede todo límite, porque si un juez no es anticorrupto, no es juez. Exorbitantes intereses serían los que lo promueven.

El país ha perdido el rumbo. La incompetencia campea. Es hora de que se honre la ley, la honestidad y se defienda la gobernabilidad, pero ¿para qué?, si aquí no ha pasado nada. (O)