Corte Constitucional empezó a analizar pedido de consultas populares en Azuay

Corte llama a que se presenten argumentos

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El 30 de julio, Yalu Pérez entregó el pedido a la Corte Constitucional.

Después de que la Corte Constitucional, el pasado 26 de agosto, avocara conocimiento (inicio del trámite) sobre las peticiones de consultas populares en Azuay por el tema minero, ayer empezó la cuenta regresiva para conocer si dicha entidad da o no paso a los pedidos que hicieron Yaku Pérez, prefecto del Azuay, y Baldor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez.

La Corte Constitucional, en un documento con el cual avocó conocimiento de las consultas, pidió que se ponga en conocimiento de los consultantes y demás interesados para que presenten sus argumentos por escrito en relación al petitorio de dictamen previo de constitucionalidad, en particular al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional de Competencias, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, entre otras instituciones.

A más de las entidades estatales también pueden presentar sus argumentos, para que la Corte dé o no paso a las consultas, las organizaciones sociales, empresas privadas, instituciones de educación superior y especialistas en la materia, a través de la figura “Amicus curiae”.

Después de la presentación de argumentos, en Quito se desarrollará una audiencia pública, en la cual, los jueces escucharán a las partes que están, tanto a favor como en contra de las consultas populares, y se prevé que para octubre se conozca el fallo.

Sobre la calificación

Según el artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 104, la Corte Constitucional debe verificar el cumplimiento de cinco requisitos en la pregunta que se plantee para la consulta popular, entre ellos están: la no inducción de las respuestas en la electora o elector; la concordancia plena entre el considerando (razón de ser) que introduce la pregunta y el texto normativo; y el empleo de lenguaje neutro y sin carga emotiva.

Si se cumple los requisitos, la Corte Constitucional notifica al Consejo Nacional Electoral para que entregue, en estos casos puntuales pedidos por Bermeo y Pérez, los formularios de recolección de firmas (se requiere el 10% del registro electoral).

En el caso de la pregunta planteada por Yaku Pérez es la siguiente:

¿Está Usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de la minería metálica en todas sus fases, en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y más zonas de recarga y regulación hídrica en la provincia del Azuay?

Mientras que la pregunta que entregó Baldor Bermeo es:

¿Está usted de acuerdo que en la jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez se desarrolle la actividad minera en todas sus fases legalmente otorgadas por los organismos competentes, respetando el medio ambiente y los recursos hídricos conforme a la constitución de la república, las leyes normativas conexas?

“Buenas noticias”

Ayer, Geovanny Palacios, quien desde el lunes pasado es el coordinador zonal 6 del Ministerio del Gobierno, dijo que se espera que en los próximos días “se dé buenas noticias” para que de manera definitiva no haya explotación minera en fuentes hídricas, con lo cual no se necesitaría de una consulta popular. Para esto se espera un anuncio de Lenin Moreno, quien en los primeros días de septiembre estará visitando la provincia del Azuay, según Palacios. (AWM) (I)