Inicio de clases

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Con la proximidad del inicio de un nuevo período lectivo, se impone la necesidad de que las autoridades respectivas realicen un exhaustivo control, cuando menos en dos campos. El primero, de precios de útiles escolares y uniformes y, el segundo, de los valores que se piden en las instituciones educativas por diferentes conceptos. Lo que las normas vigentes dicen sobre estos casos, es una cosa. Lo que en la realidad ocurre, es otra distinta. Ante esa realidad es necesario ejercer controles, cuya finalidad es proteger los derechos que tienen los padres de familia. Las denuncias rara vez se presentan porque mucha gente piensa que no sirven. Controlar en cambio no perjudica a quienes cumplen con la ley pero sí a quienes abusan.
La gratuidad de la educación es un derecho que no se cumple en buena parte de los casos porque numerosos establecimientos fiscales buscan la forma de cobrar valores determinados para suplir así las carencias que tienen por los bajos presupuestos estatales. Frecuentemente son los comités de padres de familia los que asumen esa responsabilidad cobrando por su cuenta valores que sirven para cubrir necesidades del establecimiento. Las autoridades deberían pensar en revisar las normas y permitir bajo algunas condiciones esas contribuciones que por hoy están al margen de la ley.
Las listas de útiles que son las aprobadas por el Ministerio, deben hacerse respetar para evitar gastos a veces innecesarios de los padres de familia. Los expendedores de útiles escolares y uniformes cumplen en buena parte de los casos, respetando precios razonables. Pero hay casos en que eso no ocurre y es allí en donde debe darse la acción de las autoridades de control. Igual cosa ocurre con el tema pensiones, campo en donde buena parte de los establecimientos particulares respetan los límites impuestos. Pero hay casos en que en forma disfrazada se exigen otros valores. Allí es en donde los padres de familia deben denunciar y las autoridades hacer respetar las normas.