Evaluación de los jueces

Mario Jaramillo Paredes

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Un problema recurrente de nuestro país ha sido el de administraciones de justicia carentes de autonomía. En numerosos gobiernos, la justicia ha estado sometida a los caprichos del poder. Meter la mano en la justicia ha sido una tentación permanente, aún cuando existieron gobiernos que con vocación democrática respetaron la división de poderes y la autonomía de la justicia. Igual cosa puede decirse de los jueces. Muchos de ellos -antes y ahora- han sido nombrados, no por sus méritos sino por su cercanía al gobierno de turno. Por supuesto hubo y sigue habiendo jueces bien nombrados, que han sido probos y han mantenido a toda costa su independencia. Cuenca es un ejemplo en este sentido.
En el proceso de evaluación de jueces por parte del Consejo de la Judicatura existen dos partes importantes de acuerdo a las declaraciones de Vladimiro Álvarez, que es parte del Comité de Apoyo. La primera, un análisis de la legitimidad y transparencia con que fueron nombrados los jueces de la Corte Superior. La segunda: un análisis de la calidad de sentencias dictadas por esos jueces.
La administración de justicia es uno de los sectores que menor confianza genera en la ciudadanía según los estudios de opinión. Esa desconfianza viene de la politización que sufrió durante los diez años del anterior gobierno. Las últimas investigaciones evidencian el grado de manipulación que hubo desde el ejecutivo. Esa situación que repugna no puede quedar en la impunidad. Hay que empezar haciendo justicia sobre quienes administraron justicia torcidamente para congraciarse con el correísmo. (O)