2 políticas para mermar hacinamiento en cárceles:  la meta es que haya menos presos

Se crearán Juzgados de Garantías Penitenciarias y darán prelibertad a algunos detenidos. Hay 500 solicitudes de este tipo.

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El Centro de Rehabilitación Social de Cuenca es una de las prisiones donde se aplicará la reforma, tras la emergencia.

Se crearán Juzgados de Garantías Penitenciarias y darán prelibertad a algunos detenidos. Hay 500 solicitudes de este tipo.

Ha terminado la emergencia en los cárceles del país, declarada tras repetidos hechos de violencia. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), anunció acciones para mitigar la crisis: una será reducir el hacinamiento y otra crear los juzgados de garantías penitenciarias, que tramiten peticiones de los detenidos. Se aplicará también en la cárcel de Turi.

Para mermar el hacinamiento se plantea la necesidad de conceder la prelibertad a los detenidos sentenciados que cumplan los requisitos: como haber guardado buena conducta y cumplido al menos el 60 % de la pena.

Según registros del Consejo de la Judicatura, de los detenidos del Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, hay unas 500 peticiones de acogerse al régimen de prelibertad, pero deben tramitarse con el derogado Código de Ejecución de Penas, vigente cuando fueron sentenciados.

La prelibertad es lo que el Código Penal, en su artículo 698, denomina “Régimen Semiabierto”, en esta condición, los sentenciados pueden desarrollar actividades particulares fuera de la cárcel, controlados por el organismo técnico responsable, con acciones de reinserción familiar laboral, social y comunitaria.

Por algunas razones este beneficio para los privados de la libertad no se ha estado cumpliendo, lo que ha contribuido a incrementar la población de presos.

Bajo el Código Penal actual están pendientes de atención 738 peticiones de garantías penitenciarias, solo del año 2019, correspondientes a varias materias materias como pedidos de prelibertad, cambios de pabellón de detención y entre otras demandas.

Numerosas peticiones más, de los años 2018, 2017, 2016 y 2015 esperan su trámite.

También existe la política de “Régimen abierto” o “periodo de rehabilitación tendiente inclusión y reinserción social de la persona privada de la libertad, en la que convive en su entorno social”, bajo supervisión del organismo responsable.

Para acogerse a este beneficio, la persona sentenciada debe haber cumplido el 80 % de su pena y, una vez en el sistema, deberá presentarse periódicamente al juez.

Tanto en el régimen abierto como en el semiabierto se dispondrá el uso del “grillete electrónico” y, en caso de incumplir las normas impuestas en forma injustificada, el juez declarará al implicado en la condición de prófugo.

Tramitar las solicitudes de los detenidos les corresponde a los juzgados de garantías penitenciarias que, a la fecha, no se han creado todavía en el país. De estas funciones, por resolución del Consejo de la Judicatura, están encargados los jueces de garantías penales. Ahora se fundarán estos juzgados donde hay cárceles regionales: Azuay, Cotopaxi, Manabí y Guayas.

Loas jueces de garantías penitenciarias aprueban rebajas de penas, libertad controlada, conmutación de penas, régimen de cumplimiento de penas, libertad condicionada y, en general, les corresponde supervisar el régimen penitenciario.

La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que, además, están en formación 500 nuevos guías penitenciarios y, el próximo año, probablemente se formará a 500 más. (AVB)-(I)

 

Juzgado en Cuenca

Dr. Simón Valdivieso

Las peticiones de los privados de libertad están a cargo, por ahora, de los jueces penales pero como una función adicional, hay 16 en Cuenca. Pero en adelante se creará un juzgado de garantías penitenciarias, con la exclusiva misión de atender los trámites de los detenidos.

Simón Valdivieso, director del Consejo de la Judicatura en el Azuay, explicó que, para el efecto, uno de los juzgados penales será transformado en de garantías penitenciarias, optimizando así el recurso humano.

Esto podría ser desde el próximo mes y al nuevo juzgado pasarían los expedientes que hoy están en los juzgados penales. Hay un promedio de 45 causas por juzgado penal, recibidas en este año. (AVB)-(I)

DETALLE

40.000 es, aproximadamente, el número de detenidos en el país, pero el sistema sólo tiene capacidad para 28.554.