Defensa ante juicios por los funcionarios cesados

Sobre demanda al Estado del exdefensor del Pueblo, Macas dice que cesar autoridades fue legítimo, en debido proceso y al amparo de la consulta. Luis Macas, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y expresidente de la CONAIE, replica a Ramiro Rivadeneira, quien busca demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido cesado como Defensor del Pueblo por el Consejo Transitorio, igual que otros funcionarios.

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Luis Macas, expresidente de la Conaie

Sobre demanda al Estado del exdefensor del Pueblo, Macas dice que cesar autoridades fue legítimo, en debido proceso y al amparo de la consulta

Luis Macas, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y expresidente de la CONAIE, replica a Ramiro Rivadeneira, quien busca demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido cesado como Defensor del Pueblo por el Consejo Transitorio, igual que otros funcionarios.

¿Doctor Macas, qué opina sobre demandas de exfuncionarios cesados por el Ex-Consejo de Participación Ciudadana Tansitorio del que Ud. fue parte? El exdefensor del Pueblo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…

En el proceso de evaluación a las autoridades de los organismos analizados por el Consejo, no se siguió únicamente los parámetros que señaló el Consejo, también fueron parte de la evaluación las denuncias de la ciudadanía.

La evaluación fue a partir de la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Bajo ese mandato se realizó la evaluación, que ayudó a que se dé, posteriormente, la cesación de algunas autoridades; pero, mayoritariamente, por denuncias de la ciudadanía… Creo que todo se hizo en el cauce legal, legítimo, con la participación del pueblo ecuatoriano, en la evaluación y cesación de algunas autoridades.

También tiene que ver mucho la consulta del 4 de febrero, donde el pueblo, el mandante, se expresó en las urnas y dijo que hay que hacer este proceso, que se encargó al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana.

¿Y hubo verificación de estas denuncias?

Obviamente. En todas nuestras actuaciones ha estado el debido proceso como actos legítimos del Consejo de Participación Ciudadana, de tal manera que no hay por ningún lado que el Estado sea responsable de cuanto ocurrió en la actuación del Consejo de Participación Transitorio. Este actuó bajo un mandato del pueblo ecuatoriano. Luego de la cesación, como así estaba previsto, se han designado nuevas autoridades. Y la designación también tienen que ver con el debido proceso dentro de la normativa constitucional, bajo el mandato popular de la consulta.

Cualquiera puede revisar el proceso. Esta ahí, a la vista de todos, no solo de las autoridades cesadas.

En consecuencia: no hubo actos arbitrarios…

En lo absoluto. Pueden adoptar cualquier medida. Las autoridades cesadas están en su legítimo derecho de hacerlo… en los hechos del Consejo se verá cómo ha sido su actuación: de manera correcta, en el marco de la justicia y Constitución.

Al acudir a la Comisión y Corte Interamericana de DD.HH., el Dr. Rivadeneira sigue el antecedente de exjueces de la Ex-Corte Suprema, cesados para instalar la llamada “Pichi Corte”. Ellos demandaron al Estado, ganaron y fueron indemnizados.

El procedimiento es totalmente distinto. Nosotros actuamos bajo una normativa que emitió el mismo Consejo, en el marco del mandato constitucional y en el constitucional, norma que fue pública, conocida por todo el pueblo. Fue el instrumento que nos sirvió para actuar en el proceso de evaluación a las autoridades, dentro del debido proceso. Las normas están escritas, deben reposar en el Consejo de Participación, cualquier ciudadano puede remitirse a estas actuaciones y normativas. (AVB)-(I)

A tener en cuenta

En noviembre de 2017, el CNE recibió los decretos presidenciales disponiendo la convocatoria a consulta popular, con 7 preguntas, una era si se aprobaba terminar funciones del Consejo de Participación y sustituirlo por un transitorio, facultado para evaluar las autoridades que nombra y anticipar la terminación de sus períodos. El 2013, la Corte Interamericana dispuso una indemnización de 12 millones de dólares a 27 magistrados de la Corte Suprema, destituidos en 2004 con el voto de 52 diputados del Congreso Nacional. (I)