EL juicio al CPCCS

Análisis político Marco Salamea Córdova

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El juicio político que terminó con la censura y destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encabezados por su presidente Carlos Tuárez, constituyó el resultado esperado de un nuevo episodio del conflicto político que enfrenta a correístas y anticorreístas, estando también dentro de estos últimos los ex correístas o morenistas.
Un nuevo episodio originado por la cuestionada conducta de Tuárez, al haber falsificado documentos para su calificación como candidato al CPCCS y al pretender hacer de esta institución una especie de superpoder por encima de otras instituciones del Estado; una pretensión que le llevaría precisamente, con el apoyo de los otros tres consejeros hoy destituidos, al intento de revisar las actuaciones y los nombramientos realizados por el CPCCS transitorio encabezado por Julio César Trujilllo.
EL dictamen de un juez de garantías constitucionales, y las diversas presiones políticas que recibió el CPCCS encabezado por Tuárez, llevó a este Consejo a dar marcha atrás en ese intento; sin embargo la mayoría anticorreísta de la Asamblea, a pesar de que el intento per se no constituiría propiamente una causal para un juicio político por “incumplimiento de funciones”, no estaba dispuesta a permitir la continuidad de un CPCCS que pretendía ser convertido en una surte de trinchera institucional del correísmo y sus intereses políticos.
La escasa votación obtenida por los actuales consejeros del CPCCS en las elecciones del 24 de marzo, unido a sus desatinos y a la censura de sus cuatro miembros por la Asamblea, han terminado por erosionar aún su legitimidad social; escenario en el cual cobra fuerza la posibilidad de una enmienda o una reforma constitucional, por parte de una Asamblea que acusa también de una baja legitimidad, para limitar sus funciones o , incluso, la posibilidad para desparecer dicho Consejo a través de una consulta popular.
Mientras tanto el CPCCS seguirá funcionando con el relevo de los cuatro consejeros destituidos, por sus suplentes; un funcionamiento, empero, que será en condiciones de debilidad institucional, con el reto de cumplir las dos funciones que le quedan (la participación ciudadana y el control social) y al “filo de la navaja”. (O)