La responsabilidad política

Hugo Darquea López

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Hablar de responsabilidad política es dirigirnos a un punto central de la vida social. Claro, y más allá de la llamada inteligencia artificial.  En alcance real, pensemos que en torno del poder gira el desarrollo de la comunidad en sus diversos niveles, desde la vida social de cada persona hasta el estado y las organizaciones internacionales. El delito en general y el cometido en las instancias del ejercicio del poder público incluido el delito informático, agenciados o directamente actuados son susceptibles del respectivo juicio según los principios del debido proceso en sustancia de acuerdo a la justicia que debe orientar todas las decisiones.

Hoy mismo asistimos al enjuiciamiento de que son objeto altos funcionarios del anterior gobierno, cuyos hechos han merecido la respectiva acusación fiscal y el llamamiento a juicio por parte del juez competente. Lo señalado demuestra que por fin se ha comenzado a recuperar el significado  de responsabilidad ciudadana, misma que debe primar en todos los actos y no se diga en el ejercicio del poder político.

Tengamos presente que el imperio de la ley es el principio rector por su primacía reguladora, ya que su contenido ético de justicia otorga legitimidad a los actos humanos y en concreto a la gestión del poder político. En la historia del Ecuador, la década pasada como nunca antes fue un lapso de blindaje concertado para el cometimiento de graves delitos, como los de cohecho, delincuencia organizada y otros, pero en especial  contra la buena fe al haber generado un sistema de impunidad  de los corruptos mediante la concentración del poder distorsionando las leyes en un cínico ejercicio de corrupción, realidad lacerante que exige restaurar el Estado de Derecho con la vigencia de la moral pública expresada en una nueva Constitución. (O)