Juez es convocado a juicio en presunto caso de prevaricato

Según Fiscalía, el acusado presuntamente falló en contra de Código de Niñez y Adolescencia.

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La audiencia de apelación y llamamiento a juicio se cumplió en la Corte de Justicia del Azuay.

La Sala de Garantías Penales del Azuay aceptó el recurso de apelación y dictó auto de llamamiento a juicio en contra del juez Esteban V., por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato.

Además, en la audiencia de apelación del 31 de julio, los jueces ratificaron la medida cautelar de prohibición de salida del país y ordenaron la prohibición de enajenar los bienes del acusado.

La decisión de los jueces se basó en los argumentos de la Fiscalía, referentes a que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, efectuada en junio pasado, el juez de la causa dictó auto de sobreseimiento a favor de Esteban V., tras no haber valorado debidamente los elementos de convicción recopilados en la etapa de investigación.

De acuerdo con la tesis de Leonardo Amoroso, fiscal provincial del Azuay, el acusado presuntamente falló en contra de ley expresa, es decir, del artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia, al emitir una orden de apremio en contra de una ciudadana, por supuestamente oponerse a cumplir el régimen de visitas otorgado a su exesposo, con quien tiene dos hijos; así lo detalla un informe de la Fiscalía.

Se señala también que la orden de apremio habría sido dictada sin que exista previamente un requerimiento judicial para que la ciudadana permita a su exesposo ver a sus hijos, conforme lo determina el artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia. Además no establecía el tiempo que ella debe estar detenida.

El 15 de julio de 2017, la ciudadana fue detenida en presencia de sus hijos y trasladada al CRS Turi. Dos días después recobró su libertad, luego de que una jueza de Garantías Constitucionales le concediera un habeas corpus.

El delito de prevaricato de jueces o árbitros es sancionado en el artículo 268 del COIP, con prisión de tres a cinco años. Además, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. (REM)-(I)