Gobierno y minería

Análisis político Marco Salamea Córdova

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El inicio de la extracción del cobre en el proyecto minero “Mirador” en la provincia de Zamora Chinchipe, que da paso a la explotación minera a gran escala y a cielo abierto en Ecuador, denota la profundización proyecto extractivista por parte del Gobierno de Moreno, un proyecto que comenzó a ser impulsado con fuerza por parte del Gobierno de Correa.
Precisamente fue el anterior Gobierno quien realizó la concesión minera, en 2012, a la empresa china ECuaCorriente (ECSA) que explotará los recursos mineros en el proyecto “Mirador”; un Gobierno que empero, contradictoriamente, siempre hablo del “cambio de la matriz productiva”.
SI bien el régimen morenista ha tenido rupturas con el correísmo en cuanto al modelo político; en lo que se refiere, en cambio, al modelo económico, ha tenido más continuidades que rupturas. Aún más, en política económica, el morenismo ha ido mucho más lejos de la apertura que el correísmo comenzó a tener, al final de su Gobierno, al neoliberalismo. Es por esto que se explican medidas como: el anuncio de la concesión (que es una forma de privatización) de algunas empresas estratégicas del Estado, de la eliminación (o “racionalización”) de algunos subsidios, de nuevos despidos de trabajadores del sector público, de la denominada “flexibilización laboral”, de nuevos acuerdos de libre comercio, de la posible elevación del IVA, etc.; cuestiones estas que, en su mayoría, son parte de los acuerdos firmados con el FMI.
El Gobierno trata justificar la profundización del extractivismo minero y petrolero (en este caso con la ampliación de la zona petrolera en el Yasuní) por la necesidad de recursos económicos para el Estado y para promover el “desarrollo”; sin embargo, al dejar de lado cualquier opción alternativa para obtener esos recursos, lo que hace es develar una concepción de “desarrollo” basada en el viejo modelo “primario-exportador”, reñido ahora con el respeto a los derechos de la naturaleza, y además muy funcional a los intereses del gran capital trasnacional extractivista.
En este contexto, para el Gobierno, el desalojo en Buenos Aires de Imbabura no sólo que asomaba como necesario para combatir la minería ilegal, sino oportuno para vender su idea de que hay una minería buena o “responsable”. (O)