Pugna de poderes

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En el país se avizora una nueva pugna de poderes. No se trata de la tradicional confrontación entre las funciones ejecutiva y legislativa, sino de una nueva versión en que la pugna surge del Consejo de Participación Ciudadana que es parte importante de la quinta función del estado: la de transparencia. La primera etapa de este enfrentamiento se dio en días recientes cuando el titular el Consejo recientemente nombrado, se negó a rendir cuentas ante la comisión especializada de la Asamblea Nacional, haciendo un desplante ante los legisladores.
Un segundo escalón en esta confrontación se produjo cuando el mencionado Consejo anunció la posibilidad de revisar las decisiones del Consejo transitorio y amenazó a la Corte Constitucional con revisar el proceso del concurso con el que fueron nombrados sus integrantes. La respuesta de la Asamblea, a su vez, se ha dado en dos tiempos. Primero con la resolución de iniciar un juicio político a Tuárez y, luego, con una decisión de los directivos de varios bloques políticos de impulsar dicho juicio además de considerar la supresión de ese organismo. El enfrentamiento que tendrá como escenario a la Asamblea Legislativa, parece ser un hecho, aún cuando todavía es temprano para aventurar un desenlace. Los votos correístas al parecer se alinearán con Tuárez si se considera algunas declaraciones de sus voceros.
Se trata de una pugna que como toda confrontación, le hace mal al país. En sus orígenes se encuentra una posición inexperta y prepotente del titular del Consejo cuyo proceso de nombramiento y primeras actuaciones dejan serias dudas sobre la idoneidad para presidir un organismo que tanto poder tiene según la Constitución vigente. Si a esa posición se agrega el enfrentamiento inútil que propicia contra la Corte Constitucional, organismo que goza de buena reputación en su actual composición, y contra la Asamblea Nacional, todo hace pensar que el actual Consejo tiene sus días contados.