¡No comamos cuento! I

CON SABOR A MORALEJA Bridget Gibbs Andrade

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El Presidente reafirmó su política extractivista y de violación a los derechos de los pueblos y de la naturaleza manifestando que la minería será el nuevo salvavidas económico y, que acaso, podría reemplazar a las ventas del petróleo como principal fuente de ingresos del país. Llegó incluso a prometer USD 3.800 millones de rédito en los dos años que le quedan de gestión. Lo que no especificó es, de obtenerlos, cómo se utilizarían esos recursos: ¿irán a parar a los bolsillos de los mismos de siempre o se invertirán en obras para la gente? Como es de conocimiento público, el lado fuerte de Moreno no son ni las matemáticas ni el cumplimiento de su palabra: prometió 250.000 empleos anuales y ya vamos por el segundo año de su administración persistiendo una acentuada falta de plazas de trabajo, sumado a su burlesco embate a la corrupción y a su desinterés en gobernar el país.
Es cierto que existen riquezas en nuestro subsuelo, pero el Estado no puede disponer de esos recursos sin tener en cuenta el sitio en el cual se encuentran las minas, los peligros que conlleva su explotación y, sobre todo, lo que opinan sus habitantes. Si el gobierno piensa imponer por la fuerza sus razones, inevitablemente, encontrará resistencia. El prefecto del Azuay ha expresado que la megaminería provoca mega impactos ambientales además de no ser rentable como se la está planteando. A largo plazo, la remediación ambiental resulta más onerosa que los mismos beneficios, sin contar con las condiciones precarias en las que laboran los mineros en los megaproyectos.
La minería a gran escala es un dilema complejo que no puede ser planteado por el gobierno como lo está haciendo. Deben decir la verdad. La industria minera no es limpia. Nunca lo ha sido. Los estándares de concesión abren puertas para la llegada de depredadores del medio ambiente, como los chinos. Este tema tan delicado requiere un debate urgente, ético, razonado y juicioso. El gobierno, desesperado por obtener recursos, hace cálculos optimistas con ligereza, carentes de fundamentos.
Según Yaku Pérez, Cuenca no está solo amenazada por concesiones mineras en Río Blanco, Quimsacocha, el Cajas y la cabecera del río Machángara, sino con más de 21.500 hectáreas a favor de las empresas mineras.
¡No comamos cuento! Seguimos la próxima semana… (O)