El fallo sobre apelación en caso de supuesto lavado de activos se emitirá el próximo lunes

El proceso investigativo tiene más de un año y medio, y el expediente cuenta con 318 cuerpos.

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Los trabajadores de las empresas intervenidas y sus familias, pedían se garantice sus derechos laborales.(PSR)

 La fiscal Ivon Proaño aborda el vehículo, al término de la audiencia.(AZD)

La familia investigada no justificó la procedencia de 19 millones según la Fiscalía.

Como estuvo previsto, desde las 08:00 de este miércoles se cumplió la audiencia de apelación en el caso de supuesto lavado de activos contra Genaro C.
La sala competente de la Corte de Justicia del Azuay, integrada por los jueces Narcisa Ramos, Julio Inga y Jenny Ochoa (juez ponente), escuchó a las partes involucradas, pero resolvió suspender el análisis, deliberación y emisión del fallo, y convocar para su instalación el lunes 8 de julio a las 11:00.

Juan Carlos Salazar Icaza, abogado defensor del acusado y su esposa Carmina L. G., dijo que se trató de una audiencia de apelación ante al auto de prisión preventiva, en la que también debe analizarse la validez de causa.
Considera que hay varias violaciones procedimentales dentro de la causa, lo que a su entender incide a la validez misma del proceso, lo que generaría la nulidad, desde antes inclusive de la formulación de cargos
Esa nulidad podría, según explicó, irradiar efectos hasta el inicio mismo de la investigación, con lo que podrían inclusive los bienes intervenidos ser devueltos a sus propietarios.
Entre los argumentos que sustenta la apelación es que se dio solo 16 minutos para que la parte acusada prepare su legítima defensa.

La parte acusadora estuvo representada por la fiscal nacional de lavado de activos Ivon Proaño Vélez.
Ella explicó que la investigación derivó de un juicio de usura en el que Genaro C. y su esposa, y la secretaria María Luisa G., fueron sentenciados a 2 años de prisión, los dos primeros, y a un año la tercera persona,
Además se les aplicó una sanción económica de  941.952,96 dólares, que si bien ha sido cancelada a la víctima, esto no anula el delito ni los exime del resto de la condena.
“La posición de Fiscalía es que no hay ninguna violación del derecho a la defensa y más que todo las personas que están recurriendo a una medida alternativa de la prisión preventiva, están con sentencia ejecutoriada y fuera del país, incluida María Luisa G., quien salió en septiembre de 2018 a Estados Unidos, cuando deberían estar cumpliendo con la sentencia”, precisó la fiscal Proaño.

Drama humano

Durante la audiencia, en las afueras de la Corte Provincial de Justicia, trabajadores de las empresas intervenidas por Fiscalía realizaron un plantón.
Piden que se considere su situación laboral, más aún cuando muchos tienen deudas y otros estaban por jubilarse. Ahora están en incertidumbre.
Para el abogado Juan Carlos Salazar, el juez dispuso la incautación de los bienes, no dijo nada de la administración de los negocios, y, en consecuencia, ésta debería ser retomada para que los trabajadores continúen laborando.(AZD)-(I)

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Trabajadores y sus familias esperan un desenlace lo más pronto posible de este caso, en el que se les respete sus derechos laborales.