El Municipio de Santa Isabel con 4.5 millones de deuda heredada de la administración anterior

Se denunciaron irregularidades y se pidió auditaría sobre la administración de Rodrigo Quezada.

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En Cuenca, el alcalde Ernesto Guerrero, concejales y funcionarios de su administración, cuando revelaba las anomalías.(AZD)

El pleno del Gobierno Municipal de Santa Isabel vino a Cuenca este martes para entregar la petición formal a la Contraloría General del Estado para que se realice un examen de auditoría a la administración del exalcalde Rodrigo Quezada.

El alcalde Ernesto Guerrero y los concejales denunciaron las irregularidades detectadas durante el análisis y recopilación de información que se cumplió a puerta cerrada entre el 27 de mayo y el 7 de junio.

Guerrero, quien fue concejal en el anterior periodo de Quezada y de quien fuera su coideario hasta que fuera expulsado del entonces MPD, refirió que no hubo transición.

“En consecuencia no hubo acceso a la información, pero han encontrado alguna documentación que permitirá que quienes administraron la Municipalidad tengan que responder al pueblo”, dijo Ernesto Guerrero.

Al inicio de su administración, el personal se había tomado el edificio municipal para exigir que no se toque el saldo caja (30.000 dólares) y que se les cancele sus haberes. Se les ha pagado lo correspondiente a un mes.

Guerrero dijo que la administración de Rodrigo Quezada intentó construir un centro comercial (mercado) en el predio San Juan a un costo de 8.5 millones de dólares pero sin tener la partida presupuestaria correspondiente. Y ahora se quiere endosar una factura por 450.000 dólares por remoción del suelo.

El Alcalde explicó que ese predio medía algo más de 8 hectáreas, pero ahora se encontró un acuerdo mediante el cual el Municipio se haría cargo solamente de 3 hectáreas.

Guerrero, quien no dio detalles del costo del predio, reiteró que su administración construirá el mercado no en este lugar, sino donde funciona el actual.

El mercado dista mucho de considerarse como tal a más de que las ventas informales han rebasado su capacidad, pues se vende en las calles aledañas.

Los fines de semana el caos vehicular llega a su punto máximo, agravado porque en las calles que lo rodean están las paradas de empresas de transporte. Y mucho más aún por lo empinadas que son.

El Alcalde también informó que la administración de Rodrigo Quezada construyó el Centro de Revisión Técnica Vehicular en un terreno de 18.000 metros cuadrados, que fue supuestamente expropiado. De ese terreno, con aquel fin se han utilizado 10.000 m2.
Guerrero considera que ese predio en realidad no le pertenece al Municipio, pero se han invertido 100 mil dólares.

Ahora, dijo, se dialoga con el propietario y se hace el análisis técnico necesario para cumplir con la respectiva expropiación.

El propietario, según se supo, demandó a la Municipalidad en la época de Quezada, y su defensor sería el actual procurador síndico municipal.

El Alcalde también denunció que entre el personal contratado por su antecesor en este año estarían operadores cuando toda la maquinaria estaba paralizada. Dijo que el Municipio en la era Quezada tenía cuatro abogados, pero se contrató a otro por más de 20.000 dólares para que elabore tres oficios como parte del lío limítrofe con el cantón Ponce Enríquez, respecto de la pertenencia de la parroquia Pijilí.

La auditoría solicitada a Contraloría también involucra a la empresa EMAPAS S.I. por los altos montos de alquiler de maquinaria; al igual que a FARMA S.I., pues, como lo denunció Guerrero, era manejada como caja chica.

El manejo de la maquinaria municipal también tiene reparos. Por ejemplo, una motoniveladora que se quedó sin frenos fue llevada a Guayaquil a la empresa Comreivic S.A. hace dos años para su reparación, pero sigue allí en malas condiciones.

El costo de la reparación es de 180.000 dólares cuando una nueva cuesta 240.000 aproximadamente, dijo el alcalde. (AZD)-(I)

Algunos Rubros

Hecha la evaluación, la deuda del Municipio de Santa Isabel ascendería a 4.5 millones de dólares, de los cuales 600.000 corresponden a salarios de trabajadores y empleados, algunos impagos desde hace 10 meses.

Sólo en este año se firmaron contratos ocasionales con 60 personas y nombramientos provisionales a 20.

La administración de Rodrigo Quezada habría hecho expropiaciones por un monto que supera el 1.2 millones de dólares sin que exista la partida presupuestaria.
Lo demás (2 millones de dólares) se adeuda a la empresa de aseo, a EMAPAS S.I. y a los Bomberos. El dinero ha sido recaudado, pero no se ha transferido y se desconoce su destino, según Ernesto Guerrero.