El nuevo CPCCS

Análisis político Marco Salamea Córdova

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Aunque con retraso, por las apelaciones de los resultados y por demoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entrega de credenciales, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elegidos el 24 de marzo han asumido sus funciones; una situación que ha estado presidida, además, por un debate acerca de la legitimidad de este organismo, por propuestas para limitar sus atribuciones e, incluso, para desaparecerlo.
Hay que recordar que el CPCCS, mal llamado el “quinto poder”, forma parte de lo que la Constitución denomina como la “Función de Transparencia y Control Social”, de la que forman parte también entidades como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las diversas Superintendencias.
Asimismo, las tareas centrales que constitucionalmente debe cumplir el CPCCS tienen que ver con la promoción de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la organización de comisiones ciudadanas encargadas de la selección, mediante concurso, de las máximas autoridades de importantes instituciones del Estado.
Lamentablemente durante los años del régimen correísta las dos primeras tareas del CPCCS fueron en general incumplidas, mientras la tercera estuvo caracterizada por la falta de transparencia y orientada a favorecer los intereses políticos del Gobierno.
Fue precisamente por esos incumplimientos que el CPCCS cayó en el descrédito y que se configuró, por mandato de la consulta popular de febrero de 2018, el CPCCS transitorio que lo presidió Julio César Trujillo. La importante labor cumplida por este Consejo transitorio y el hecho de que los miembros del CPCCS definitivo fueron elegidos con una votación reducida, haría que este nuevo Consejo inicie sus labores con una legitimidad social débil y que, por ende, los anuncios de algunos de sus miembros de revisar lo actuado por el Consejo transitorio no tengan mayor viabilidad para materializarse.
Más vale, le toca al nuevo CPCCS reivindicar a esta institución del Estado con una actuación diferente a la del CPCCS de la época correísta, so pena de deslegitimarse más y alentar con esto la posibilidad de que efectivamente se da paso su supresión mediante una reforma constitucional, que deberá ser validada en una consulta popular. (O)