Organismos de control

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Para el ejercicio del poder político la honestidad y afán de servicio es un requisito fundamental por parte de quienes han sido encargados electoralmente. Ante el peligro de que no haya solidez en este aspecto o que, de buena fe se cometan errores, son indispensables los organismos de control. El servicio público de los gobernantes debe realizarse sujeto a las normas jurídicas vigentes que, aunque algunas no sean del gusto de los que gobiernan, deben ser observadas con celo. Puede ocurrir que, de buena fe, decisiones gubernamentales las ignoren o quebranten, en cuyo caso es necesario que haya instituciones que controlen.
Es evidente que en la nominación de los integrantes de estos organismos el poder ejecutivo, que es quien ejerce el poder, no debe tener arte ni parte, de allí que otros poderes del Estado, como el legislativo deben estar presentes, tanto más que, además de legislar, debe fiscalizar el ejercicio del poder. Una de las lacras que dejó el anterior gobierno fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, entre otras funciones, tiene la de nombrar a quienes están a cargo del control, con más que, como sucedió, sus integrantes eran “amigos” del gobierno.
Se ha optado porque quienes lo integran sean elegidos en procesos nacionales, pero, en el mejor de los casos, sería una duplicación de organismos, ya que otros, como el mencionado puede estar a cargo de estos nombramientos. En la gestión transitoria dirigida por Julio César Trujillo, se dio cátedra de honestidad, y esta misma persona manifestó públicamente que se trataba de una institución innecesaria y debía desaparecer. Estamos de acuerdo con este planteamiento, aunque sea necesaria una consulta popular. Es posible que el Poder Legislativo restrinja las funciones del mismo, sobre todo privándole de la facultad de nombrar a los dirigentes de los ejercicios de los mencionados organismos, cuya autonomía es indispensable.