El agua, ¿sólo otra estrategia electoral? [ESPECIAL]

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Por Antonio Valdez Zurita

antoniovaldez@gmail.com

El agua viene convirtiéndose en el mundo en una de las banderas electorales más recurrentes. En Azuay esto cobró vida y pagó al ganador, pero, ¿qué tan factibles son las promesas que se hacen sobre su administración?

Las empresas de la política, marketing y los expertos en comunicación política en general vienen adaptándose cada vez más rápidamente a las necesidades electorales. Entre sus primeras tareas está ejecutar los estudios de opinión para saber qué camino seguir y en sociedades como la cuencana, con altísimo nivel de conciencia ambientalista, el agua es una fórmula segura.

El actual prefecto Yaku Pérez, de incontestable trayectoria en la defensa de los derechos ambientales, asumía el cargo y prometía una vez más trabajo inmediato hacia una consulta popular que prohíba las actividades extractivistas que puedan afectar las fuentes de agua de Azuay.

Ahora bien, el tema no es tan simple como pudiera parecer. La gobernabilidad del agua es compleja. Son instituciones locales, regionales y nacionales vinculadas en las tomas de decisiones de temas como el riego, manejo de cuencas, generación eléctrica y servicios de agua potable y saneamiento.

La teoría especializada confirma que el agua tiene profundos vínculos emocionales y metafísicos con el ser humano en las diferentes culturas y proyecta valores de identidad territorial y comunitaria (…) De ahí en parte nace su fortaleza electoral, pero la complejidad de su gestión hace muy quebradiza la obtención de resultados.

Un ejemplo: en 2003 la CEPAL exponía que la legislación ecuatoriana prohibía la contaminación del agua pero que no tenía instrumentos de control como el de autorización de vertidos, tampoco para el manejo de zonas sensibles como páramos. En 2010 un estudio patrocinado por la ONU concluía que existía “limitada capacidad institucional y de gestión sectorial en los servicios de agua y saneamiento, riego, uso hidroeléctrico, industrial, etc.”, y la pregunta es, ¿qué tanto de eso ha cambiado?

El dilema: desarrollo o ambiente

Ecuador es un país privilegiado: cuando el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente confirmaba en 2015 que ya 748 millones de personas estaban privadas al acceso a fuentes de agua limpia y que para 2030 habrá un déficit de agua del 40%, en este país se tiene de cuatro a cinco veces más del agua que se necesita.

Sin embargo, el país crece y requiere de más agua; la actividad agropecuaria y el consumo residencial e industrial son los principales demandantes, así como la tan vitoreada industria de las flores que exporta un producto que llega a tener un costo de veinte dólares por unidad en la China, pero que podría afectar la calidad del agua. En 2005, según el Centro de Estudios y Asesoría en Salud, CEAS, se decía que “las florícolas necesitan de un uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes que han sido identificados en las aguas de la cuenca del río Granobles”.

El ahora Prefecto, por muchas razones bastante lógicas, es acérrimo opositor a la industria extractivista, pero, ¿qué tendría que decir sobre el orgullo nacional, la producción y exportación de flores?, y es que el tema ambiental es complejo y transversal, especialmente el relacionado con el agua.

Cuando se sataniza a la minería y se le convierte en el principal riesgo de contaminación del agua, aparecen voces como la de Edgar Pillajo, autor del libro La Minería al Servicio de los Ecuatorianos, quien explica que según la FAO el agua que ocupa la minería es 1%, mientras la agricultura y ganadería el 75%, por lo que “todos debemos contribuir a disminuir los impactos al agua, agricultores, bananeros, cacaoteros, parroquias y casas que envían a los ríos y quebradas las aguas servidas, chancheras, criaderos de pollos, etc.”.

Proagua de verdad

En una intrincada red de producción de bienes y servicios y bienestar social donde el agua juega un papel fundamental, los gobernantes, en especial los que han hecho del agua la plataforma de su oferta electoral, tienen una misión bien cuesta arriba en el cumplimiento de sus promesas.

Si se desea cambiar para siempre la gobernabilidad y gestión del agua se deben seguir pistas como las que dejan los recientes estudios de la CEPAL: una de las principales falencias de este proceso es la falta de información actualizada y confiable para la toma de decisiones.

Oponerse a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Soldados-Yanuncay puede ayudar a conservar las fuentes hídricas y su calidad, ¿pero qué haces con la industria agropecuaria o la industrial?, ¿o con la floricultura o el consumo doméstico?, todas afectan al agua, en muchos casos, de manera más exponencial.

La Prefectura, en su empeño sincero por proteger el liquido vital, pudiera, por ejemplo, diseñar y ejecutar un plan regional para mejorar el sistema de recolección y análisis de información hidrometeorológica, de calidad de agua e hidrogeología, más concretamente buscar el financiamiento para mejorar la red de estaciones hidrometeorológicas, muchas fueras de servicio o funcionando con tecnología descontinuada, asistiendo a la premisa de que la buena toma de decisiones en la gestión requiere de información.