Medio ambiente sano

Andrés Martínez Moscoso

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Para todo Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico internacional le es de especial importancia, más aún cuando se trata de aspectos relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la región, la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH (1969), estableció no solo el instrumento que garantizaba el ejercicio de derechos y libertades, sino que además fue la base para el establecimiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, a través de la Comisión (CIDH) y la Corte (Corte IDH), respectivamente.

Sin embargo, desde 1988, debido a la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, los Estados de la región suscribieron un protocolo adicional a la CADH, relativo a esta materia, conocido como “Protocolo de San Salvador”.

De tal suerte, el art. 11, garantizó a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

A nivel de la jurisprudencia de la Corte IDH, a través de sus decisiones se ha precautelado de una u otra manera al medio ambiente, sobre todo por medio de la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en relación a su entorno.

No obstante, recién en febrero de 2018, este organismo internacional dotó de contenido al “medio ambiente sano”, a través de la Opinión Consultiva OC-23/17, en la cual indica que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos. Así como le considera como un derecho autónomo y exigible en todos los casos frente a las autoridades estatales.

En este contexto, a nivel nacional, la Corte Constitucional del Ecuador, CCE, ha seleccionado el caso No. 502-19-JP (sobre la utilización del agua del río Dulcepamba por parte de la compañía HIDROTAMBO en la comunidad San Pablo de Amalí), con el propósito de pronunciarse sobre los estándares y límites respecto a la explotación de los recursos naturales y el impacto en el ejercicio de los derechos colectivos y de la naturaleza.

Si bien es cierto, en 2008 el constituyente ecuatoriano reconoció el derecho a la naturaleza, la CCE tiene la oportunidad ahora de darle contenido y buscar su protección en un país megadiverso como el Ecuador.