Tareas pendientes

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El nombramiento de autoridades en la Asamblea Nacional abre una nueva etapa en la que el país espera que ese alto organismo cumpla a cabalidad con las dos principales obligaciones que tiene y que son legislar y fiscalizar. Las autoridades anteriores le quedaron debiendo a la ciudadanía varías leyes que se anunciaron pero no se trataron. Igualmente la tarea fiscalizadora fue casi nula. Verdad es que hubo situaciones irregulares que atentaron contra el funcionamiento del poder legislativo, especialmente por el remezón que significó la destitución de su Presidente y luego las tensiones por los audios sobre una conversación entre la ex Presidenta Cabezas y la Ministra del Interior.
La Asamblea Legislativa ha tenido un funcionamiento sujeto a una serie de vaivenes políticos, lo cual es normal en la función legislativa. Sin embargo, el rompimiento entre los legisladores correístas y aquellos que plegaron al Presidente Moreno, agregó un ingrediente adicional a esa inestabilidad. Lo que al inicio del actual régimen era un bloque bastante sólido y mayoritario, se fracturó sobre todo luego de la destitución del Vicepresidente Glas. La pugna creció con otros hechos que se dieron y finalmente la Asamblea terminó casi inmovilizada con mayorías móviles con las que no se podía contar.
Las nuevas autoridades y la renovada composición de las comisiones legislativas tiene la tarea de debatir varias leyes que son fundamentales para el futuro del país. Tendrá que tratar, por ejemplo, el tema de la seguridad social y de las leyes laborales para generar empleo que es uno de los problemas más acuciantes del país. Lo que salga del Acuerdo Nacional puede ser un buen insumo para la Asamblea Nacional. Adicionalmente deberá fiscalizar los casos de corrupción que se han denunciado y que son conocidos por el país, más por obra de investigaciones periodísticas que por acción de una justicia que en algunos casos es dependiente del anterior régimen, que los nombró.