Segunda Asamblea Ciudadana

Carlos Castro Riera

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El 6 de mayo en el Salón de la Ciudad se llevó a cabo la II Asamblea Ciudadana por la defensa del agua con la presencia del alcalde electo de Cuenca, la viceprefecta electa del Azuay, delegados de comunidades campesinas, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, el Cabildo del Agua, colectivo Yasunidos, FUT, Federación de Barrios de Cuenca, organizaciones femeninas, magisteriles, estudiantiles y profesionales.

La Asamblea, resolvió entre otras cosas, ratificar la oposición a los proyectos mineros de Quimsacocha y Rio Blanco, declarar persona no grata al Ministro de Energía y exigir su destitución por su posición servil a las transnacionales mineras y rechazó la “nueva” política minera del gobierno que lesiona los derechos colectivos y de la naturaleza.

Se resolvió exigir al Concejo Cantonal de Cuenca y al Consejo Provincial del Azuay que se convoque a Consulta Popular sobre actividades mineras en los páramos y fuentes de agua, se actualice el ordenamiento territorial incorporando a las áreas protegidas, bosques y vegetación protectores, zonas de amortiguamiento, corredores de conectividad, páramos y humedales, y que los GAD de Cuenca, ETAPA y el Gobierno Provincial, asignen el presupuesto para atender las necesidades de las comunidades afectadas por proyectos mineros y promover alternativas sustentables como la agroecología, el turismo comunitario y la artesanía.

Finalmente, la Asamblea convocó a una movilización popular para el 21 de mayo en defensa de los páramos y el agua y otra para el próximo 5 de junio.

La posición de la Asamblea es justa si se considera que el diálogo del gobierno no incluye el tema de la minería, los páramos y fuentes de agua, y por el contrario da las espaldas a las resoluciones de los GAD de Cuenca y Provincial del Azuay en torno a la minería, trata de evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia y los pronunciamientos vinculantes de la Consulta Popular de Girón y de la Contraloría General del Estado, y para rematar pretende regular por decreto el ejercicio de los derechos a la consulta popular y consulta previa en franca violación a la Constitución, por lo que debe responder a las acciones de control político, constitucional y judicial.