Observan contratación de proyecto San Francisco

En el informe final de auditoría se hace observaciones al proceso de contratación

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También los pagos realizados al fiscalizador de obra no contaron con justificativos ni con un control adecuado previo a su autorización, según el informe. LCC

Hace dos años, como parte del proceso de fiscalización al interior del Concejo Cantonal, se solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) practique una auditoría al trámite de adjudicación de contratos para la restauración de la plaza San Francisco. En estos días, el informe final del organismo de control fue publicado. Entre las conclusiones de la CGE consta que los estudios complementarios para la plaza de San Francisco se recibieron sin aprobaciones consideradas en los documentos contractuales.
“En el expediente de ejecución, entregado al equipo de control para su revisión y análisis, no se puede evidenciar registros o indicios de las aprobaciones por parte de las entidades competentes”, menciona el informe. A su vez, ratifica que los estudios realizados por Áreas Históricas y Patrimoniales (complementados mediante contrato de consultoría) no fueron utilizados para la ejecución del proyecto.
En su momento, el edil Cristian Zamora cuestionó el proceso de contratación, pues presuntamente se adjudicó el proyecto a un consorcio vinculado a un hijo de un funcionario municipal. Más adelante, en esa misma línea se sumaron los concejales Martha Castro y Carlos Orellana. Este aspecto también está considerado en la página 33 del informe final de la CGE.
“Lo que se hace es ratificar una vez más lo que nosotros habíamos denunciado. Dos años después, el órgano de control nos da la razón. Lo fundamental de todo este asunto es que se hizo que el contrato firmado sea dado de baja, e incluso que se devuelva los valores de los anticipos ya depositados al consorcio ilegal”, mencionó Zamora.
Por su parte, Martha Castro, manifestó que con este informe le corresponde a la Contraloría considerar responsabilidades de tipo civil, económica, administrativa o penal. Si ese fuera el caso, resta remitir este informe mediante oficio a la Fiscalía General para que realicen las investigaciones correspondientes.
“Causales de rechazo se pasaron por el arco del triunfo, se hicieron de la vista gorda y tuvieron que reversar gracias a la fiscalización seria y documentada”, indicó Castro.
Otra de las conclusiones es que la falta de cronograma de amortización del anticipo ocasionó que la entidad contratante (Nov 2016-Sep 2018) no recupere en el plazo contractual el valor entregad. (LCH)(I)