Financiamiento de campañas

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El financiamiento ilegal de las campañas electorales es una realidad que se conoce desde hace mucho tiempo, pese a lo cual no han habido las sanciones correspondientes. En los últimos días una investigación periodística acaba de proporcionar datos contundentes sobre el financiamiento de las campañas electorales del ex presidente Correa por parte de poderosas compañías extranjeras y de algunas nacionales. La denuncia tiene documentos y datos claros que deben ser confirmados, para ver si por fin alguna vez se aplica la ley en este tema. Las campañas electorales no pueden seguir siendo pagadas por empresas y personas que, luego exigen jugosos contratos con lo que recuperan lo invertido y ganan ingentes sumas de dinero.
La presencia de inversionistas en las campañas electorales es una vieja realidad que no viene de hace pocos años sino que ha estado presente recurrentemente en la historia nacional. Que personas particulares aporten a una campaña, bien sea porque simpatizan con las tesis de un partido político o porque tienen amistad con un candidato, es una cosa. Que empresas que tienen contratos con el estado, con municipios o consejos provinciales, financien una campaña, es otra cosa totalmente distinta, pues implica una relación viciosa.
En la investigación periodística que describe con detalles los montos, empresas y destinatarios de los dineros de empresas nacionales y extranjeras, se habla de alrededor de once millones de dólares solamente en una de las campañas del correísmo. La Fiscalía tiene allí un material que deberá ser estudiado con detalle y objetividad para comprobar o desechar la denuncia. En caso de constatarse que la denuncia responde a la realidad, deberán procesarse, no solamente a quienes pidieron y recibieron dinero por fuera de las cuentas registradas electoralmente, sino también a las empresas que pusieron los fondos y al Consejo Electoral de entonces, que claramente fue parte del régimen.