Derecho a la educación

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En el pasado lejano la educación formal era privilegio de minorías; con el paso del tiempo se extendió a otros sectores de la población y se convirtió en un derecho universal de los ciudadanos y, en países como el nuestro, una obligación en el primer nivel. Compete al Estado ofrecer este servicio para todos, de manera especial a los marginados. En países como el nuestro en el que un elevado porcentaje de la población vive en el sector rural es más necesario, superando las limitaciones para la movilidad de los campesinos, lo que requiere infraestructura física y provisión de docentes.
La reforma educativa es un proceso permanente, ya que los entornos sociales cambian y en nuestros días a un ritmo creciente. Se educa en el presente para que las personas hagan frente a los retos del futuro. El anterior gobierno impuso una reforma “revolucionaria” con las escuelas del milenio, edificaciones gigantescas del tamaño de la egolatría del primer mandatario y en aquella decisión del presidente sector rural cerró muchas escuelas tradicionales para que a las del milenio concurran todos, sin considerar el problema de la movilidad infantil, aunque hablaba pomposamente de transporte subsidiado, ignorando la precariedad de vías de comunicación rural en varias provincias, que incidió en la disminución de asistentes.
Consideramos acertada la decisión del actual presidente de reabrir esas escuelas rurales. En el proceso educativo se requiere locales y docentes calificados. Lo ideal sería que los dos componentes tengan condiciones óptimas, pero en determinadas circunstancias, es preferible enseñar en locales precarios que dejar de hacerlo, pues el ser humano es más importante que la infraestructura física. La educación como gestión del Estado debe adaptarse a las condiciones de los países con sus posibilidades y limitaciones. “Mejorar” la imagen mediante obras materiales gigantescas en mengua de los más necesitados es una clara muestra de ineptitud.