Ya pasan factura

Roberto Vivar Reinoso

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La investigación judicial al Contralor y exfiscal general de la nación, acusados por usurpación de poderes, es grave factura que pasa la dicotomía entre la Constitución y el mandato popular del plebiscito pasado, que no se plasmó en aquella. Así se configuró una sociedad de hecho no de derecho, afirma el denunciante contra las dos autoridades, que coincide con el criterio de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo cual fue ladeada como veedora para las elecciones de marzo entrante.
Es que la consulta entregó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, la potestad de evaluar, eventualmente cesar en sus funciones y designar los reemplazos de veintiún autoridades públicas, incluyendo al fiscal y contralor. No determinó el mecanismo respetando aquel constante en la Carta Magna. El artículo 209 señala: “para nombrar, el Consejo de Participación organizará comisiones ciudadanas, encargadas de llevar adelante la selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación”. El acápite siguiente añade: “el Consejo escogerá a quien obtenga mejor puntuación, e informará a la Asamblea para la posesión respectiva”.

Teniendo presente que en derecho público, sólo puede hacerse lo que está escrito, Pablo Celi y Paúl Pérez no cumplieron tales requisitos.

Conceptúo que más allá de las seis preguntas, varias de las cuales eran obvias, el plebiscito buscó dos objetivos básicos: desarmar al correísmo para reafirmar las decisiones del actual mandatario, que se puso en su contra. Porque ni siquiera aquella antiminera se cumple, respecto al Yasuní y extractivismo en general.

Una segunda factura al morenismo proviene de la ruptura del partido político que le llevó a Carondelet, debilitando el apoyo legislativo, que no se compensa ni siquiera con la inclinación hacia la derecha. Lo muestra el rechazo parlamentario al presupuesto para el año entrante, devuelta al Ejecutivo con 87 votos desfavorables. Habrá pugna pues el ministro de Finanzas adelantó la inmovilidad en el precio del petróleo, sustento importante del financiamiento.

Culpar por todo lo malo al anterior régimen, va perdiendo credibilidad. Aquí se conforma la tercera factura, cuya cifra más onerosa constituyen los cinco gabinetes ministeriales en año y medio, pero especialmente la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Casi inmediatamente el jefe de Estado envió la terna al Legislativo, conformada por personajes poco conocidos políticamente: el radiodifusor Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco Noboa (socióloga) y Agustín Albán Maldonado (educador).

La cuarta factura recibió el gobierno en general la semana pasada, cuando la Interpol desde Francia comunicó que no hay razones legales para aplicar la difusión roja contra Rafael Correa Delgado. Digo régimen porque dudo sobre la independencia de poderes, pues el presidente Moreno nombró al Consejo de Participación Transitorio de donde sale la Corte de Justicia y otras autoridades de alto nivel. El propio jefe de Estado declaró meses atrás en Perú, que Ecuador no había encarcelado a ningún presidente, “pero no perdía la esperanza de hacerlo”. (O)