Control interno

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En una democracia todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, están sujetos al cumplimiento de las leyes que establecen las sanciones para quienes no las cumplen. En las organizaciones colectivas, hay normas internas que deben ser observadas por quienes a ella pertenecen, tanto en el sector privado como en el público. Es frecuente que algunos de estos dos ordenamientos coincidan, pero las sanciones son diferentes, dándose casos en los que quienes las quebrantaron reciben la doble penalidad. En las organizaciones colectivas, más allá de las normas generales, debe haber un sistema interno de control para optimizar su funcionamiento, lo que garantiza el respeto a los ordenamientos internos y la eficiencia en el acercamiento a los propósitos.

Hace unos días, en la asamblea nacional culmino un proceso de control interno que culminó con la destitución de dos asambleístas que llegaron a esta posición por elección popular. La destitución es la mayor de las sanciones que se puede dar, ya que implica la pérdida de condiciones. El quebrantamiento de las normas, por parte de las dos sancionadas se considera que implican la comisión de delitos establecidos en el cuerpo jurídico general, por el que deben ser juzgadas por el poder judicial que, en caso de constatar la culpabilidad luego de un debido proceso, podría establecer sanciones que incluiría la pérdida de libertad. Las sanciones internas y generales no son excluyentes, al contrario, se complementan.

Luego de una década en la que el gobernante contó con una mayoría importante, la fiscalización pasó a segundo plano, dando la impresión de que el poder legislativo era una dependencia más del ejecutivo. La decisión que comentamos –como una luz al final del túnel- nos muestra que el control interno y la independencia de poderes comienza a funcionar. El poder judicial solicitó ya el levantamiento de la inmunidad a las acusadas para iniciar los procesos. Hay quienes creen que, si dejaron de ser asambleístas no es necesario este levantamiento. Creemos que sí debe darse como una formalidad para evitar que, en el proceso judicial, se recurra a este incumplimiento para alegar nulidad. Para hacer justicia, lo que abunda no daña.