Tráfico de armas

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Es casi rutinario informarse en noticias que en Estados Unidos ha habido un tiroteo en el que han muerto varias personas. No se trata de asaltos perpetrados por delincuentes profesionales, tampoco de enfrentamientos entre bandos armados para satisfacer ambiciones como en las películas del oeste. Son personas aparentemente comunes y corrientes que ingresan en lugares totalmente pacíficos y disparan a quienes allí se encuentre, sea una sinagoga, un templo evangélico o un aula en la que se imparten clases. Sus autores son abatidos por la policía, se suicidan o sometidos s juicios penales. La explicación más fácil es que se trata de personas perturbadas mentalmente, como hay en todas partes, que expresan sus irregularidades mentales a costa de la vida de personas indefensas y pacíficas.

El problema radica en la facilidad con que los habitantes de ese país pueden adquirir armas como si –con humor negro navideño- se tratara de juguetes y una medida para aminorar este problema sería controlar la venta de estos aparatos mortíferos a personas particulares. Dada la perversión de la guerra, de alguna manera se explica que los cuerpos de combatientes, aunque haya paz, cuenten con ellas o que, debido a peligro de delitos, las instituciones policiales cuya función es garantiza el orden las tengan. Cada vez que se da una situación como la que comentamos, plantean este problema, instituciones y ciudadanos sensatos, pero sin éxito.

La desmesurada ambición de acumular riqueza ha hecho que industrias que generan réditos sean protegidas y alentadas por los gobiernos. El negocio de armas es muy lucrativo y su tráfico –lícito o ilícito- justifica su existencia. Con una primitiva mentalidad capitalista se considera que para que una industria prospere hay que incrementar el número de consumidores y alentar su adquisición. Las empresas que se benefician del tráfico de la muerte argumentan de esta manera con el apoyo de políticos vinculados a ellas. Se habla de la autodefensa ante peligros, pero los grandes vendedores no consideran que se está traficando con vidas humanas inocentes y que la sangre humana no puede ser objeto de cotizaciones económicas. (O)