Rafael Correa no regresará al país para que lo ‘masacren con la injusticia’

Con el llamado a juicio que hizo la jueza Daniella Camacho en su contra y otras tres personas, el expresidente Rafael Correa dice que se pretende “desterrarlo siete, ocho años, hasta que prescriba” y “tenerme fuera del país para la próxima campaña, en marzo de 2019”.

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Correa, el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, y los exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón son procesados por supuesto plagio en contra del político Fernando Balda.

Desde Bélgica, Correa denunció una “persecución política”. “Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves”, argumentó el exmandatario, cuyos abogados negaron que haya solicitado asilo al Gobierno belga en junio pasado.

El expresidente, que afronta una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea juzgado en ausencia por ese delito castigado con hasta siete años de cárcel.

Para Correa, la acción judicial, en su opinión plagada de “irregularidades” y un “fraude total”, “no tiene ningún futuro”. Y cuestionado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa lo descarta porque sería “regresar para que (lo) masacren con la injusticia que vive el país”. “Todo está tomado. Ecuador tiene un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron”.

Correa llamó a sus seguidores a “no perder el ánimo” y a preocuparse por “los perseguidos en el país”, como el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Su defensa ahora pasa también por acudir ante instituciones internacionales, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron esa “persecución judicial” ante el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados.

“También vamos a ir al sistema interamericano, pero (…) había que esperar esta última etapa. Ya hemos agotado todo lo razonablemente posible”, manifestó. “De persecución política tenemos muchísimas pruebas”, agregó.

Sobre la petición de la justicia ecuatoriana a Interpol de una circular roja contra él, Correa asegura que, aunque aún no tienen “comunicación oficial”, la organización de cooperación policial la rechazó.

Interpol, con sede en Lyon (Francia), no suele informar sobre sus decisiones. La justicia ecuatoriana, que emitió también en julio una orden de arresto nacional contra Correa, tampoco se ha pronunciado sobre la circular roja.

En Ecuador, la denominada Bancada de la Revolución Ciudadana es el único sector político que considera que Correa no debería regresar a enfrentar el juicio penal por el secuestro a Balda; mientras que los otros lo emplazan a “dar la cara”.

La legisladora Amapola Naranjo (antes de AP) consideró que el proceso contra Correa está sometido a presiones políticas; por lo tanto, no hay condiciones para un juicio justo e independiente. “Cuando haya justicia con mucho gusto apoyaremos que el compañero Rafael Correa venga”, indicó.

Pero María José Carrión (AP) opinó que su excoideario debería retornar a “asumir las responsabilidades de sus acciones u omisiones”, más aún cuando en el caso Balda “se podría estar hablando de un hecho de violación de derechos humanos”, como es el plagio.

Para los socialcristianos, Correa debió regresar a expresar sus argumentos durante la etapa procesal previa, señaló Henry Cucalón, quien dijo que lo actuado por la jueza demuestra que nadie está al margen o por sobre la Ley; y que “todos los actos emanados de un gobierno déspota serán juzgados”.

El Universo